Buenos Aires, Argentina.- Luego de un largo y complejo proceso, el gobierno de la República de Argentina dejará de pagar las asignaciones mensuales a los obispos locales que se mantenían en las leyes argentinas desde la dictadura de Jorge Rafael Videla a finales de los años setenta e inicios de los ochenta del siglo pasado.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció la conclusión del proceso con el que se terminan las asignaciones mensuales establecidas por la ley 21.950. Aunque la terminación de este financiamiento a los obispos argentinos con recursos del erario público se concretó en las primeras semanas de la presidencia de Javier Milei, quien llegó a la magistratura prometiendo la reducción extrema del aparato público de la nación argentina, el proceso inició desde 2018 en medio de otras tensiones políticas y económicas.
El proceso de separación entre el Estado y la Iglesia argentinos se concretó gracias a la decisión de la jerarquía católica de renunciar a las aportaciones económicas que el dictador Videla les había otorgado en 1979:
“El último día hábil de diciembre de 2023, concluye (...) el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, confirmó la CEA.
Dicha ley establece que los obispos católicos titulares y residenciales deben ganar el equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia, mientras que los obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado deben ganar el 70%. Según el ajuste monetario al 2023 (la última percepción recibida por los obispos) ascendería a 55 mil pesos mensuales (64 dólares al cambio oficial).
Desde mediados del siglo XIX, la Constitución de Argentina confirma que el Gobierno federal es la instancia responsable de sostener el culto católico en el territorio y aunque diversas reformas a la Carta Magna han ampliado la distancia entre el Estado y la Iglesia, aún existen legislaciones particulares que vinculan los recursos del erario público a las instituciones religiosas católicas como la ley 21.950 o la norma 22.162, esta última -también lograda durante la dictadura militar de Videla- garantiza subsidios económicos a sacerdotes de zonas fronterizas (esto para que los ministros de culto previnieran al gobierno y a las comunidades de influencias extranjeras) o la ley 22.950 en la que se comprometen los recursos de las arcas del gobierno para contribuciones a la formación del clero diocesano, es decir, en el financiamiento de Seminarios y patrocinios de formación de sacerdotes en el extranjero.
Medios locales aseguran que la decisión del episcopado argentino para renunciar a los recursos del erario público comenzó a tomar fuerza luego de que el gobierno de Mauricio Macri en 2018 básicamente les exigió no intervenir en política pública durante el debate por la promoción del aborto debido a que el episcopado recibió más de 130 millones de pesos (3.5 millones de dólares al tipo de cambio en 2018).
La renuncia de estos fondos públicos se lee como un acto de independencia política del episcopado local ante los intentos de control de los gobiernos en turno; según analistas argentinos, el gesto es simbólico debido a que las aportaciones de la República a la Iglesia católica representan apenas el 10% de los ingresos de las instituciones religiosas en la nación.
De este modo, a partir de este 2024, los obispos católicos en funciones dejarán de percibir recursos del gasto público y comenzará a funcionar un Programa de Financiamiento Eclesial (P-FE) organizado por la CEA desde 2020 para que los fieles asuman solidariamente los gastos de sus pastores. Sólo los obispos en retiro podrán solicitar de manera particular una especie de pensión del gobierno de 98 mil pesos.