Roma, Italia.- Las contribuciones destinadas a la Iglesia católica del Impuesto Sobre la Renta italiano (IRPF) registraron una caída significativa durante el 2023, reportando 910 millones de euros, por debajo de los mil millones esperados. Los ciudadanos italianos deben cubrir al Estado el "8 por mil" que es el 0.8% del total de los ingresos por el impuesto sobre la renta y puede elegir la organización religiosa destinataria de los recursos: la Iglesia Católica, Evangélicos, Adventistas, Comunidades Judías, Luteranos, Bautistas, Ortodoxos, Budistas e Hinduístas.
La conferencia de obispos italianos anunció esta continua disminución, atribuyéndola tanto a los menores ingresos fiscales como a las decisiones tomadas por los italianos en sus declaraciones de impuestos, específicamente las presentadas en 2021 basadas en los ingresos del año anterior, cuando comenzó la pandemia.
Las últimas cifras, proporcionadas por el Ministerio de Finanzas, muestran una caída significativa en comparación con años anteriores. En 2023, el monto total fue de 1.003 millones de euros, mientras que en 2022 fue de 1.111 millones de euros.
La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha detallado la distribución de los fondos recibidos:
- 246 millones de euros para necesidades de culto, incluyendo la preservación de propiedades de la iglesia y nuevos proyectos de construcción.
- 40 millones de euros para apoyar la catequesis y la educación.
- 9 millones de euros para el funcionamiento de los tribunales eclesiásticos regionales.
- 275 millones de euros para actividades caritativas.
- 389 millones de euros (la mayor parte) para el sustento del clero
Disminución de las Contribuciones
A pesar de la disminución, la Iglesia Católica sigue siendo la principal opción para las contribuciones del "8 por mil" de los contribuyentes italianos, captando casi el 70% de las preferencias. Las contribuciones asignadas al Estado han aumentado, seguidas por la Iglesia Valdense, que recibió poco menos del 3% de las asignaciones de los contribuyentes.
Esta disminución en las contribuciones refleja desafíos económicos más amplios y cambios en las prioridades de los contribuyentes italianos. Subraya las presiones financieras continuas que enfrenta la Iglesia, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, que ha afectado los niveles de ingresos y las donaciones caritativas.
En un asunto relacionado, la Corte Suprema Italiana falló que el Vaticano debe pagar impuestos locales sobre la propiedad (TARI), una decisión que favorece al gobierno municipal de Roma.
La asignación transparente de fondos por parte de la CEI demuestra su compromiso de abordar diversas necesidades, desde el mantenimiento de los lugares de culto hasta el apoyo a la educación y las iniciativas caritativas. Sin embargo, el apoyo financiero decreciente resalta la necesidad de ajustes estratégicos para sostener sus diversas misiones.