Buenos Aires, Argentina.- La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad. A través de una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, los obispos advirtieron que el sector enfrenta una crisis económica “de extrema gravedad”. El origen del problema se encuentra en el retraso y la insuficiencia de los fondos estatales destinados al funcionamiento de estos hogares.
Ese desequilibrio financiero ya afecta aspectos esenciales de la atención. Entre ellos se mencionan la alimentación de los residentes, el acceso a medicamentos y el pago de salarios al personal que brinda asistencia diaria. El episcopado señaló que en los últimos días la problemática ganó visibilidad, aunque se trata de una tarea “silenciosa y generosa” que estas instituciones sostienen con recursos limitados para acompañar a personas en alta vulnerabilidad.
260401-Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina-Al Sr. Ministro de Salud de la Nación
Uno de los casos más críticos es el de los hogares del Cottolengo Don Orione. Allí, la continuidad de la atención de unas mil 200 personas con discapacidad se encuentra en riesgo inmediato. Los aportes de organismos nacionales no se actualizan desde fines de 2025, mientras los costos operativos siguen en aumento. Las consecuencias de este escenario ya son concretas: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, dificultades para admitir nuevos residentes y un deterioro progresivo en la calidad de las prestaciones. Muchas de estas personas requieren asistencia integral para actividades básicas de la vida cotidiana.
En ese marco, los obispos recordaron que en mayo del año pasado ya habían advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”. El texto enviado al titular de la cartera sanitaria nacional indica: “Ante la angustiante situación actual queremos pedirle encarecidamente el cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.
Estas obras, impulsadas en gran medida por comunidades religiosas y organizaciones civiles, constituyen un patrimonio social clave. El cuidado de la vida y de los más vulnerables es un principio esencial para cualquier sociedad. La Comisión Ejecutiva reclamó una respuesta que permita garantizar la continuidad de estos servicios y expresó su disposición al diálogo para avanzar en una solución.
“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, señalaron los obispos. Y agregaron: “En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”.
El documento lleva las firmas de Marcelo Colombo, presidente del Episcopado; Ángel Rossi, vicepresidente primero; Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, secretario general.
