San Luis Potosí, SLP.- José Pompeyo "N", sacristán de una iglesia católica en el estado, intentó huir con dirección a la frontera; las autoridades mexicanas lo detuvieron antes de que aquel cruzara hacia los Estados Unidos. Detrás suyo, le perseguía una alerta por presunta responsabilidad de tres actos de abuso sexual enmarcados en el recinto religioso. Mientras las autoridades realizaron labores de seguimiento y revisión de información telefónica para localizar al fugitivo; la Comisión Diocesana de Atención a Menores de la Arquidiócesis de San Luis Potosí se reunían con los familiares de las víctimas.
Las primeras denuncias e indagatorias apuntan que el sacristán de la capilla en la colonia Prados de San Vicente II Sección cometió abusos contra tres feligreses católicos dentro del templo católico. Por ello, el propio arzobispo metropolitano potosino, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, aseguró en un posicionamiento oficial: "Nos duele profundamente que los hechos se sitúen en un espacio de nuestra iglesia... las familias deberían poder confiar en que nuestros templos y capillas son lugares seguros".
La detención de José Pompeyo "N" en Reynosa (Tamaulipas) fue comentada por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien aseguró un proceso legal en contra del señalado: "El detenido ya se encuentra en camino a San Luis Potosí, donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes", declaró.
Tras la noticia de la captura, la Arquidiócesis potosina emitió un comunicado firmado por el arzobispo; en él se confirma que se reunió con las mamás de tres víctimas desde la presentación de las denuncias. Además, aseguró que la Iglesia ofreció colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para el desahogo de las investigaciones.
Jorge Aurelio Ramírez Torres, secretario canciller de la Arquidiócesis, expresó la cercanía y solidaridad con las víctimas y sus familias. También reconoció el valor de las madres y de quienes dieron a conocer estos hechos.
"Una persona que sufrió un abuso jamás vuelve a ser la misma"
Lucila Holguín Segura, encargada de Recepción de Denuncias de la Comisión Diocesana de Protección a Menores, habló en rueda de prensa al respecto: "Si la reparación del daño es volver las cosas al estado en que se encontraban, en estos casos es imposible, porque una persona que sufrió un abuso jamás puede volver a ser la misma", advirtió.
La Iglesia entregará de manera directa toda la información que la FGE solicite para llevar el proceso con profesionalismo. El resguardo de la identidad de las partes involucradas forma parte del protocolo. Asimismo, la institución indicó que ofrece acompañamiento a las mamás de las víctimas y a los menores, sin presionar el proceso y con la anuencia de las víctimas.
El reclamo del gobernador Gallardo
El gobernador Gallardo Cardona sostuvo que la FGE debe mantener el mismo nivel de actuación en todos los casos, independientemente de su repercusión pública. Pidió a las familias de las víctimas confiar en las investigaciones.
También insistió en que el Congreso del Estado retome la discusión de la iniciativa para establecer la castración química contra agresores sexuales reincidentes.
Consideró que esta medida debería aplicarse a personas que vuelvan a cometer este tipo de delitos. Reprochó que los legisladores no avanzaron en el análisis de la propuesta.

