Ciudad de México.- El conflicto cristero fue una guerra. No una rebelión de fanáticos ni un episodio de blanco y negro. Tres investigadores reunidos en el coloquio internacional “A cien años del inicio de la resistencia cristera”, en la mesa “El conflicto militar”, presentaron reconstrucciones basadas en el Fondo de Operaciones Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), archivos familiares, prensa local y testimonios orales. Sus conclusiones coinciden en un punto: el conflicto religioso armado de 1926 a 1929 exige una lectura que supere el relato maniqueo y que integre actores marginados por la reducida mirada histórica al respecto.
Militares indígenas, compleja facción
Héctor Moreno Soto, doctorante y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, documentó cerca de 300 generales que participaron en la Guerra Cristera. Su hipótesis: los generales indígenas —mayos, yaquis, zapotecos, nahuas, huastecos— fueron “la piedra angular del ejército mexicano” en la lucha contra los cristeros.
Moreno Soto aclaró que Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina, no era indígena. El apodo “Indio Amaro” surgió porque combatió con un regimiento yaqui y “luchaba como indio”. Varios de sus generales cercanos sí eran indígenas: Saturnino Cedillo, Francisco Urbalejo, José Amarillas de Potam, Genovevo de la O y Juan B. Izaguirre, a quien el ponente denominó “el general más sanguinario de toda la guerra”.
Las columnas volantes —unidades con movilidad, armamento y autonomía— operaron en Jalisco, Michoacán y Zacatecas sin necesidad de permisos. Los caballos salteños o alteños resultaron superiores a los percherones franceses del Ejército: “Para los toros del jaral, los caballos de allá mismo”, citó Moreno Soto.
El investigador describió la condición de los soldados yaquis: “La mayoría de estos soldados era gente que venía derrotada y que no tuvo otra salida para salvar su vida que entrar al ejército mexicano”. Tras la derrota de la rebelión yaqui de 1926, el Ejército les dio dos opciones: unirse o ser fusilados.
“Estamos hablando de una tragedia terrible”, dijo. “Los cristeros están siendo invadidos, están siendo combatidos por un ejército de ocupación y por otro lado tenemos a muchos de esos soldados que fueron enviados en contra de su voluntad a luchar en tierra ajena”.
Moreno Soto también se refirió a la competencia actual entre municipios por el título de “cuna” cristera: “A mí me parece muy mal llevado cómo se ha llevado últimamente esta recuperación de los cien años. Se han puesto a competir entre ellos de San Julián la cuna, Tepatitlán el inicio, San Miguel la tierra del catorce”.
Las amnistías, estrategia de Estado
Víctor Miguel Villanueva Hernández, doctor en ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, revisó el Fondo de Operaciones Militares en Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Colima y Jalisco. Su conclusión: “Las amnistías fueron un recurso casi permanente de paz que realizó el gobierno durante el conflicto religioso”.
Las amnistías aparecen en los archivos desde mayo de 1927. El mecanismo: entrega de armas y monturas, salvoconducto, regreso al trabajo y promesa de no ser molestado.
El asalto al tren de Guadalajara, el 18 y 19 de abril de 1927, marcó un parteaguas. Villanueva Hernández atribuyó el hecho al padre José Reyes Vega: ejecución de 50 soldados y quema de vagones con heridos. “Causó una gran conmoción a nivel nacional”, dijo.
El investigador documentó seis intentos de paz durante el periodo presidencial de Calles: “No vengo de abogado del diablo de Plutarco Elías Calles”, afirmó. “Las nuevas investigaciones, las nuevas miradas históricas tienen que darse un poquito la vuelta”. Y agregó: “Pareciera que el gobierno nunca hizo nada por la paz. No, el gobierno tuvo este recurso de paz casi permanente”.
Con todo, reconocó que aún persiste un gran vacío documental: “Los documentos del Fondo de Operaciones Militares no dan seguimiento a los cristeros después del salvoconducto”. No se sabe si regresaron, si fueron respetados o si sufrieron represalias. “Eso es una oportunidad para los nuevos historiadores”, dijo Villanueva Hernández.
La U y la organización clandestina en el occidente de Michoacán
Luis Francisco Valadés Rodríguez, profesor de la Universidad del Valle de Atemajac, reconstruyó la primera zona militar cristera en el occidente de Michoacán. Su punto de partida para la contextualización del drama es el paredón del santuario de Guadalupe en Zamora, con marcas de bala que no corresponden a fusilamientos cristeros.
Joaquín Amaro convirtió el templo en cuartel y caballeriza; el muro sirvió como tiro al blanco. “Las balas no se deben a cristeros fusilados”, dijo. “Realmente podemos nosotros caer en esta tentación de intentar acoplar un vacío a aquello que necesitamos conocer”.
Valadés Rodríguez describió tres corporaciones clandestinas: la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, la U y las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco. “La U sí controló y se le debe el éxito de la campaña en el occidente de Michoacán”, planteó como hipótesis. La sociedad secreta michoacana operó con células y juramento.
La figura de Joaquín MB o Joaquín Magaña MB concentró la atención. Fue enlace logístico, conciliador entre jefes y responsable de suministros. “Primero Dios no nos van a agarrar, primero Dios no nos van a llegar más cartuchos”, citó Valadés Rodríguez de sus cartas. La red fue descubierta en mayo de 1929.
El investigador recurrió a archivos familiares y testimonios orales. Delfino Paredes, teniente coronel de Jacona, hizo jurar a sus descendientes no revelar su filiación cristera. Don Luis, sobreviviente de la red clandestina Zamora-Jacona, guardó su experiencia durante décadas y la contó 15 días antes de morir. “Fui testigo no solamente de la recolección de un dato histórico, sino del acto supremo de transmisión de la memoria familiar”, relató Valadés Rodríguez.
La guerra más allá del blanco y negro
Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de superar la visión maniquea del conflicto. Villanueva Hernández planteó un “equilibrio historiográfico”. Valadés Rodríguez habló de “desmantelar mitos”. Moreno Soto calificó el episodio como “una tragedia”.
“Desmantelar mitos no solamente significa estudiar historia”, dijo Valadés Rodríguez. “También implicaría meterse en el terreno, intentar escuchar las voces de los sobrevivientes con la letra que está en los documentos y lograr un equilibrio que al final nos presente un panorama más claro y más real”.
Villanueva Hernández insistió en la necesidad de “quitarnos etiquetas y todo esto que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida en torno al conflicto religioso armado”. Y agregó: “A 100 años ya tendríamos que tener otra mirada”.
El coloquio dejó preguntas sin respuesta: el destino de los cristeros amnistiados, la identidad de Joaquín MB, el alcance de la participación indígena en el Ejército federal y la integración de regiones marginadas como el occidente de Michoacán.
La historiografía reciente trabaja con archivos abiertos, prensa local, memoria familiar y testimonio oral. “Es un reto que hay que retomar”, dijo Valadés Rodríguez. “Porque sea abrumador no quiere decir que hay que dejarlo marginal”.

