El pasado 28 de julio, el gobierno federal presentó un borrador de “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias” para que durante 20 días se realice una consulta pública antes de que se apruebe una versión definitiva. El alcance de la reforma obligaría en principio sólo a los concesionarios de la radiodifusión (es decir, la televisión abierta y de paga; y la radio comercial, pública y social); pero la propia mandataria insistió en que esta regulación debería alcanzar a otros medios de comunicación como la prensa impresa y las plataformas digitales.

Los lineamientos propuestos suenan propositivos ante los grandes desafíos que hoy tenemos como sociedad respecto a la manipulación, la desinformación, el deepfake, la nueva propaganda y la posverdad. El problema es que no parece haber una distinción entre la regulación de los medios, la moderación de las voces que participan en ellos y la reconfiguración de la realidad que, desde el poder o la presión, se podría hacer.

En primer lugar, sí es urgente que los medios tengan un código de ética, que cuenten con un defensor de las audiencias propio, que establezcan mecanismos de atención a las quejas, que ayuden a distinguir la información de la opinión o la publicidad, que se abstengan de difundir información falsa o descontextualizada y que prevean modelos de acceso a personas con discapacidad; pero todas estas medidas están en la cancha de la autorregulación. Es algo que, con mayor o menor compromiso y recursos, los medios ya realizan con lineamientos de operación o criterios editoriales.

Ahora bien, es cierto que tanto estos lineamientos como los criterios editoriales de cada medio deberían ser más evidentes para las audiencias. Es decir, que se conozca no sólo la línea ideológica del medio sino sus patrocinios relevantes, sus intereses políticos, sus sesgos idiosincráticos e incluso sus deudas financieras.

Y también dichos criterios deberían estar más cercanos al servicio del bien común, en lugar de buscar complacer al dueño o al concesionario; pues resulta muchas veces repugnante la veleidad con la que casi todos los dueños de medios utilizan los principios comunicativos como armas de perversión de la realidad, autopropaganda o moneda de cambio.

En segundo lugar: la moderación de las voces en el espacio público no depende tanto de los medios o sus dueños sino de las propias audiencias: el enaltecimiento de ‘influencers’ cuya verborrea es siempre pendenciera, autoelogiosa y banal es básicamente responsabilidad de sus followers; también el patrocinio de un pseudoperiodismo fundado en la diatriba y en el insulto es responsabilidad externa más que interna de los medios.

Las estructuras intermedias de la sociedad (partidos políticos, empresas, sindicatos, centros formativos, iglesias y medios de comunicación) que apoyan o se apoyan de voces que se regodean en el escarnio, la maledicencia y la agresividad discursiva son las responsables de la agudización en la polarización emocional. La ciudadanía está obligada a interpelar tanto al poder político como a los subconjuntos de intereses privados el que estas voces hayan tomado preeminencia en el discurso público gracias a sus improperios y a su irredenta ignorancia.

Finalmente, el principal problema de la propuesta del gobierno de Sheinbaum es el riesgo de manipulación y redefinición de la realidad. Este es el tema más complejo y también el que exige un criterio social más alto al gobierno; porque no sólo debe actuar como representante del bien común social sino que debe eludir convertirse en un recurso utilitario de un grupo político empoderado.

Los usuarios y ciudadanos debemos hacer frente a las definiciones algorítmicas arbitrarias de los grandes consorcios tecnológicos y de sus intereses; necesitamos de la representación del poder público para reivindicar valores y conceptos sociales civilizatorios que constantemente son despreciados por las élites tecnofeudales, como el uso moral y racional de los recursos naturales, el derecho a la tierra y a la dignidad laboral, la justicia social, la primacía de la vida humana y un largo etcétera.

Sin embargo, la propuesta que anticipa un mecanismo de queja y sanción para el control de los contenidos y obligaciones de los medios concesionados coloca al final del proceso a la suprema autoridad del funcionario público o su cúpula política. Este nuevo ‘árbitro de la verdad’ no tendría contraparte ni límites para definir no sólo lo que considere “información falsa” sino su antítesis: la veracidad.

Este riesgo no es una suposición aventurada, ya padecemos en México el inquietante caso de un organismo defensor de derechos humanos cuyo liderazgo, atado a intereses del poder cupular, desoye el clamor de las víctimas con tal de defender, salvaguardar y proteger la imagen de las instituciones militares. Es decir, la posibilidad de que este mecanismo cree las condiciones para que un gobierno temporal y los intereses del infoentretenimiento de los medios de comunicación definan los márgenes de la verdad es muy alta.

No hay que olvidar que en nuestra época contemplamos la aparición y dominio de unas nuevas instancias emergentes de poder y control que superan por mucho al Estado y que son las que determinan varios bienes sociales como las condiciones de acceso a la información, las reglas de visibilidad y las posibilidades de participación ciudadana.

En estas nuevas condiciones, es lógico que los representantes del Estado estén intentando recuperar el poder y control perdidos frente a los particulares dueños de medios y herramientas digitales a través de mecanismos prohibitivos, sancionatorios o directamente coercitivos. Pero el vacío de las leyes vigentes para combatir la desinformación y la nueva propaganda, no debe implicar una carta abierta para que un gobierno asuma la entera potestad para sancionar a los medios de comunicación que ofrezcan opciones informativas contrarias al régimen político o económico dominante.

En conclusión, por supuesto que ha cambiado totalmente el sistema mediático conocido (el modelo en donde se resuelven las negociaciones entre la producción de información, el soporte técnico, la distribución y el impacto político en el espacio público) y la posibilidad de que los grandes poderes tecnoinformativos etiqueten algorítmicamente varios aspectos de la verdad como “opiniones polémicas” nos ponen frente a grandes desafíos para rechazar los criterios de uniformidad hegemónica conceptual.

Usuarios y audiencias debemos buscar los instrumentos colectivos de representación de nuestros derechos y de nuestras búsquedas comunitarias y, la única instancia que podría abarcar la pluralidad de esos instrumentos colectivos es el Estado entero y no un funcionario o una fracción del poder político reinante.

Así que la regulación es una urgencia social que debe ser atendida en diferentes niveles (la autorregulación editorial de los medios, la regulación colectiva de las voces en ellos y la regulación democrática de la conversación de la realidad); porque si no la asumimos, es altamente probable que la simplificación algorítmica los defina y así los principios comunitarios de solidaridad, subsidiariedad, distribución universal de los bienes y justicia social serán en un futuro próximo tan ininteligibles para la sociedad, como los jeroglíficos o las tablillas cuneiformes lo son hoy para nosotros.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe