La Paz, Bolivia.- La Iglesia católica de Bolivia pidió al Gobierno y a los sectores sociales dialogar de forma propositiva para encontrar soluciones tras el anuncio de la eliminación de la subvención al diésel. El arzobispo de Nuestra Señora de La Paz, Percy Lorenzo Galván Flores, ofreció la disposición de la institución para mediar en el conflicto.

“Yo creo que esto es una cosa de dos como en el matrimonio, se tiene que entrar en un sincero y transparente diálogo, propositivo, para que todos, Gobierno, sectores sociales, COB (Central Obrera) y todas las instancias que tenemos en nuestro país le pongamos el hombro para decir salgamos adelante”, declaró Galván en contacto con los medios de prensa.

El fin del subsidio petrolero y el aumento del 83%

El presidente Rodrigo Paz anunció el 19 de septiembre de 2026 la eliminación del subsidio estatal al diésel. El precio del combustible pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro (28 pesos mexicanos), un incremento del 83%. El mandatario justificó la decisión por el elevado costo fiscal de la subvención y el contrabando de carburantes: 

“Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, expresó Paz en cadena nacional.

El Gobierno destinaba al menos 50 millones de dólares semanales a la subvención del diésel, lo que en 20 años representaría más de 50,000 millones de dólares. La medida se adoptó horas después de que el Senado aprobara un acuerdo de financiación de 1,900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a respaldar el programa de estabilización económica.

Aunque el acuerdo con el FMI contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, el Gobierno decidió adelantar la medida para el diésel y mantuvo por ahora el esquema vigente para la gasolina.

Reacciones y protestas

La decisión generó rechazo en sectores del transporte y organizaciones sociales. La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y exigió al Gobierno restituir el precio del diésel subsidiado. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el Decreto Supremo 5716 y convocó a un ampliado nacional de emergencia. Transportistas de Santa Cruz y cocaleros de Cochabamba iniciaron protestas contra el incremento.

Ante las advertencias de movilizaciones, policías y militares fueron desplegados en puntos de la carretera entre Cochabamba y Oruro para garantizar la circulación vehicular. El Gobierno intensificó las negociaciones con organizaciones del transporte. Tres ministros lideraron una reunión con la Confederación Nacional del Transporte Libre y acordaron abrir mesas técnicas.

El llamado de la Iglesia al diálogo

El arzobispo Galván enfatizó que al acudir al diálogo “es muy importante el espíritu de decir: yo voy a este diálogo para proponer y buscar soluciones, no para perjudicar, para bloquear, para cerrar, para trancar, como dice el Gobierno, sino para viabilizar alguna solución”. La Iglesia católica ratificó su “plena disposición para fungir como mediadora y abrir espacios que viabilicen soluciones efectivas”.

Galván reflexionó sobre la compleja situación que atraviesa Bolivia y afirmó que “se debe elegir entre el mal mayor y el mal menor”. Señaló que este último representa una opción viable para mitigar el impacto de las medidas económicas en los sectores más empobrecidos.

Descartó que las movilizaciones constituyan una solución real y recordó que los meses recientes han dejado un panorama complejo para La Paz y todo el país.