Ciudad de México.- El reciente episodio del podcast Bajo Llave abordó la amenaza contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez. En el espacio se reflexionó cómo escaló el conflicto desde la indignación popular hasta las intimidaciones directas, pasando por el insulto a la fe de los creyentes, y en particular la oferta monetaria que se ofreció en redes sociodigirales para agredir o matar al prelado después de una opinión de este sobre el gobierno federal. 

Maru Jiménez recordó que la amenaza contra el obispo se difundió desde el 1 de octubre y que el fiscal dio entrevistas una semana después; dos días antes de la grabación, dijo, la investigación apenas iniciaba. “Dejaron crecer las autoridades todo este movimiento”, afirmó. Los participantes señalaron que no es la primera vez que alguien amenaza a un obispo, pero sí la primera ocasión en que el caso escala a redes sociales y a una investigación de fiscalía.

Felipe Monroy describió Aguascalientes como una entidad con identidad político-religiosa compleja y que, mediáticamente ha mostrado diversos grados de tensión. Rememoró el antecedente de una manifestación popular hacia el obispo durante una procesión que defendía a un sacerdote expulsado del ministerio presbiteral. La tensión político-social en la región puede deberse, en opinión de los periodistas, a que la feligresía y la ciudadanía no reciben clara explicación sobre las causas y los acontecimientos.

"Ahora bien, no es lo mismo criticar y señalar situaciones adversas en contra de ciertos liderazgos eclesiales o líderes de religiones; que agredir y atacar a las confesiones religiosas solamente por ciertos tipos de prácticas”, como se ha crecido en este conflicto en especial en la conversación digital. Los conductores coincidieron en que las plataformas permiten la difusión de amenazas mientras retiran otro tipo de contenidos "polémicos". Monroy dijo que en las plataformas digitales hay normas contra el lenguaje de odio y la apología del delito, pero “sucede todo lo contrario”.

Lillián Reyes planteó la necesidad de una legislación sobre violencia digital y amenazas. Mencionó el riesgo de que el autor de las amenazas alegue inteligencia artificial y calificó el fenómeno como “sicariato de las redes sociales”. Por su parte, Juan Pablo Reyes afirmó que la amenaza de muerte debe investigarse y que “no falta cualquier loquito que vaya y lo haga”.

Maru Jiménez afirmó: “No puede ser que quien levante la voz siempre tenga que recibir amenazas”. Añadió que sacerdotes y obispos en comunidades deben denunciar sin entrar en temas de partido. Lillián Reyes respondió que “la línea es muy delgada” porque todo se capitaliza políticamente.

Se mencionaron además otros episodios de amenazas: contra el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, y contra otros obispos. Jiménez citó el reporte del Centro Católico Multimedial, del sacerdote Omar Sotelo, sobre agresiones a templos. También se mencionaron a Cristóbal Asensio, obispo de Apatzingán, y las condiciones adversas en Michoacán, Guerrero, Morelos y Chiapas.

Los participantes señalaron que la Secretaría de Gobernación no se pronunció sobre el caso y que la presidenta no habló del tema. 

El episodio cerró con llamados a denunciar publicaciones, evitar la viralidad y regular plataformas: “Hay que cuidar al algoritmo”, dijo Juan Pablo Reyes. Maru Jiménez pidió a las autoridades actuar y a los obispos mantener un lenguaje de denuncia sin tintes partidistas.