Villahermosa, Tabasco.-  Javier Ramos Martínez es abogado, maestro en derecho constitucional y presidente del Consejo Interreligioso de Tabasco, desde hace más de una década ha realizado parte de su responsabilidad social a favor de la defensa de la dignidad de la vida humana, la libertad de expresión y la libertad religiosa. El estado donde trabaja tiene una característica político-social heredada de su historia reciente: El garridismo; cuyas luces y sombras afectan incluso hoy en día la toma de decisiones en el espacio público.

Tomás Garrido Canabal gobernó Tabasco entre 1919 y 1934, su gobierno se caracterizó por un radicalismo jacobino que incluyó el saqueo y la destrucción de iglesias, la exigencia de que los sacerdotes contrajeran matrimonio y la reducción del número de ministros de culto; aunque también la construcción de instituciones y el combate frontal a prácticas sociales nocivas.

En 1931 Garrido Canabal fundó la organización de los “Camisas Rojas”, cuyos integrantes confiscaban imágenes religiosas para destruirlas en las plazas públicas. Ese proyecto político, según Ramos, dejó una huella que se extiende hasta la legislatura actual: “todavía siguen algunos resquicios y sobre todo porque estos resquicios son los que llegan precisamente a nuestra legislatura, al Congreso del Estado y de alguna forma también hacia los gobernantes”.

El activista describe una dinámica de cabildeo en la que legisladores reconocen en privado una resistencia a aprobar leyes que contrarían convicciones religiosas: “Lo primerito que te dicen es: mira, me escuchó mi mamá, me escuchó mi papá, me escuchó mi abuelo, la entrevista y lo que declaré, y no sabes cómo me fue”, relata Ramos sobre las conversaciones con diputados.

Añade que, en corto, los legisladores ofrecen una garantía: “vamos a tratar siempre de mandar estos temas a la congeladora, vamos a tratar de resistir” frente a temas que afectan la dignidad de la vida humana, las dinámicas familiares y el bienestar social. Esa resistencia, sostiene, ha colocado a Tabasco entre los últimos estados en reformar leyes civiles y penales en materias que el abogado califica como contrarias a la vida, la familia y la libertad religiosa.

La conversación con Ramos Martínez transcurre en un contexto de tensiones globales sobre libertades religiosas. El informe de Puertas Abiertas de 2024 ubicó a México en el lugar 37 de su clasificación de persecución religiosa, con 68 puntos en una escala que la agrupación considera “severa”. Aunque ese indicador no desagrega por entidad, el relato de Ramos ofrece una lectura local de un fenómeno que combina herencia histórica, composición demográfica y dinámicas legislativas.

Pérdida de formación católica en Tabasco

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI ofrecen un sustento demográfico a la advertencia de Ramos sobre la pérdida de formación religiosa en Tabasco. De los 2.4 millones de habitantes del estado, el 62.2% se adscribió como católico, el 27% como protestante o evangélico y el 10.2% declaró no profesar religión. La serie histórica muestra una tendencia sostenida: en 1970 el catolicismo abarcaba al 79% de la población; para 2020, el porcentaje descendió 17 puntos, mientras las iglesias protestantes y evangélicas ganaron 13 puntos y las personas sin religión crecieron de manera constante.

Para Ramos, esa transformación no es ajena a la historia de persecución y a la escasez de formación doctrinal: “Tabasco estuvo carente de sacerdotes, de formación religiosa y eso ha permeado mucho”, afirma.

El activista vincula la expansión de las denominaciones protestantes con “la falta de formación en el ámbito católico”, y extiende esa consecuencia al terreno de los valores públicos: “esto también repercute en la defensa precisamente de los valores tradicionales y de los valores cristianos”.

La observación de Ramos sobre la transmisión intergeneracional de la fe matiza la lectura del censo. A pesar de la disminución porcentual, el abogado detecta una persistencia de convicciones en el ámbito privado que no siempre se traduce en participación pública.

“Todavía por la parte de los abuelos que vivieron en su momento siendo niños precisamente esta persecución de este gobernante, a su vez sus papás y sus abuelos sí arraigaron en ellos la fe y la manifestación de la fe y eso todavía prevalece al día de hoy”, explica.

Esa continuidad, sin embargo, convive con un fenómeno que Ramos describe como autocensura: “tenemos temor de expresar precisamente los valores sobre los cuales nos regimos en casa, en nuestra familia, pero que cuando ya sales al ámbito público pues los echas en un cajón y te vas con la corriente”.

Doctrina Social, objeción de conciencia y responsabilidad laica

El núcleo de la argumentación de Ramos se apoya en un marco doctrinal que, a su juicio, permanece desconocido para una parte del laicado y de la propia jerarquía. “Hay algo que se llama Doctrina Social de la Iglesia y la Doctrina Social de la Iglesia es muy clara. El problema es que no se da a conocer”, afirma.

Según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la participación de los fieles laicos en la política constituye “una expresión cualificada y exigente del compromiso cristiano al servicio de los demás”, y los laicos “de ningún modo pueden abdicar” de esa participación en la vida económica, social, legislativa y administrativa orientada al bien común. Ramos traduce esa doctrina en una división de responsabilidades: “un líder religioso tiene que dedicarse a lo suyo, que es la de anunciar el Evangelio. Esa es su función. La función social nos corresponde a nosotros los laicos”.

El abogado identifica en la objeción de conciencia una herramienta jurídica concreta para ese laicado. La Constitución Política de Tabasco reconoce en su artículo 2, fracción XV, que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión”.

Ramos amplía el alcance de esa garantía: “este derecho llamado libertad religiosa y que conlleva la objeción de conciencia te da precisamente el derecho de que en la esfera pública, en todos los ámbitos donde te desarrollas, tienes el derecho de expresar tus valores, vivir conforme a tus valores y que nadie tiene el derecho de coartar esta libertad”.

La objeción de conciencia del personal sanitario y médico, por ejemplo, incorporada en la legislación tabasqueña como excepción para el personal de salud que se niegue a practicar procedimientos contrarios a sus creencias éticas, morales o religiosas, ilustra el tipo de disposición que Ramos considera aplicable a otros ámbitos.

Interpretacciones 'a modo' del Evangelio

La conversación con Ramos deriva hacia un fenómeno recurrente en el ámbito político mexicano: a la lectura del pasaje bíblico donde Jesús clama dar “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Ramos sostiene que esa frase, pronunciada ante una alianza entre herodianos y fariseos, ha sido extraída de su contexto para excluir la religión del espacio público. “Esa ha sido la mayor frase política y de separación iglesia que Jesús exclamó”, afirma, y añade que el texto evangélico muestra a Jesús respondiendo a una trampa con la palabra “hipócritas” antes de pedir la moneda y preguntar de quién es la imagen.

Para el abogado, la distinción no implica una exclusión de las convicciones religiosas de la vida pública, sino un reconocimiento de dos órdenes de obligaciones que no se anulan entre sí.

En efecto, la imagen del César alcanza al dinero y al poder político, mientras la imagen de Dios alcanza “la esencia del ser humano en su integralidad”. Ramos responde que profundizar en la fe conduce al amor al prójimo y que ese amor “al final del día se va a reflejar dentro del ámbito público”.

Por ello, Ramos Martínez insiste en la corresponsabilidad: pastores que formen, laicos que ocupen el espacio público con convicciones formadas y una jerarquía que “debiera ponerse las pilas” para atender temas que, en su experiencia, a veces quedan fuera de la pastoral parroquial.