Ciudad de México.- En esta emisión del podcast Bajo Llave, los periodistas Juan Pablo Reyes, Lillian Reyes, María Eugenia Jiménez y Felipe Monroy analizan un complejo conflicto interno en la Iglesia Anglicana de México. El origen del problema está en un sínodo (reunión de obispos, sacerdotes y laicos) celebrado presuntamente de manera irregular, donde se nombró a una nueva primada (Alba Sally Sue Hernández) y se desconoció a dos obispos: Ricardo Joel Gómez y Julio César Martín, de las diócesis de Occidente y Sureste.
Estos dos obispos fueron removidos del registro de ministros de culto por la Secretaría de Gobernación, lo que desencadenó una demanda de amparo que ha llegado a tribunales federales y podría terminar en la Suprema Corte. El podcast destaca el papel parcial de la Dirección de Asuntos Religiosos de Gobernación, las acusaciones sin pruebas entre las partes, y el gran perjudicado: los fieles anglicanos, que ven en riesgo su unidad espiritual.
Mientras la opinión pública mexicana sigue de cerca los conflictos entre el Estado y las grandes iglesias, un combate silencioso pero cada vez más encarnizado se libra al interior de la Iglesia Anglicana de México. Lo que comenzó como una disputa canónica por la elección de una primada, ha escalado hasta tribunales federales, con acusaciones de robos, supuestos prófugos y una Secretaría de Gobernación que, lejos de ser árbitro, parece haber tomado partido.
El papel del Estado mexicano ha sido determinante y polémico. La Secretaría de Gobernación, a través de su Directora de Asuntos Religiosos, Clara Luz Flores, dio de baja del registro de ministros de culto a Gómez y Martín casi de inmediato, tras la queja del grupo de Treviño y Sallly Sue.
Sin embargo, cuando los dos obispos expulsados presentaron su propia queja contra Treviño, Gobernación la ignoró. Ahora, el caso está en tribunales: un juez federal les negó la personalidad jurídica para reclamar, y un tribunal colegiado ratificó la negativa. Los obispos disidentes aseguran que existen documentos en poder de Gobernación que probarían su legitimidad, pero la dependencia se ha negado a entregarlos.
Mientras tanto, los fieles anglicanos asisten atónitos a una pelea que amenaza con fracturar definitivamente una comunidad que lleva décadas intentando construir unidad. La opción real, como apuntan los especialistas, es el cisma abierto: que los dos obispos expulsados simplemente arrastren a sus feligreses y formen iglesias anglicanas independientes (del Occidente, del Sureste), sin comunión con la oficial. Pero eso implicaría renunciar a la idea de una sola Iglesia Anglicana en México, algo doloroso para una tradición que valora la colegialidad.
En el plano jurídico, el caso aún puede llegar a la Suprema Corte. Si eso ocurre, los ministros tendrían que decidir si el Estado puede o no meterse en conflictos internos de las asociaciones religiosas. Hace más de 140 años, otro conflicto similar —entre un arzobispo y un cura de Chalma— llegó a la Corte, y el entonces presidente Ignacio Manuel Altamirano dictaminó: son pleitos internos de la iglesia, que ellos arreglen. Hoy, ese precedente liberal parece olvidado.
El tiempo corre. El próximo mes hay una audiencia clave. Pero los periodistas de Bajo Llave son pesimistas: este litigio podría prolongarse incluso años. Y mientras los abogados pelean y los obispos se acusan, los fieles siguen esperando una palabra de paz que no llega.
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