Estamos entrando en la época de las promesas. El proceso electoral del próximo año ya está en marcha y pronto escucharemos, cada vez con mayor frecuencia, las ofertas de quienes buscarán alguno de los miles de cargos que estarán en disputa: diputaciones federales y locales, gubernaturas, alcaldías y ayuntamientos.

Desgraciadamente, muchos ciudadanos escuchan esas promesas con cinismo. Cuando se reclama que no se cumplieron, todavía aparece una respuesta sorprendente: “es que eran promesas de campaña”. Como si haberlas hecho para conseguir votos justificara olvidarlas después.

Una de las más frecuentes es: “Gobernaré para todos”. No falta quien traduzca la frase de otra manera: “Gobernaré para los míos”. ¿Qué deberíamos esperar realmente de quien promete gobernar para todos? ¿Qué nos dicen la lógica, el sentido común y nuestras leyes? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos cuando eso no ocurre?

Tal vez lo primero sea entender que un gobierno que sirve al interés público no nos está haciendo un favor. Nuestra Constitución reconoce derechos y establece obligaciones para el Estado. Salud, educación, seguridad, igualdad ante la ley, uso responsable de los recursos públicos y rendición de cuentas no deberían depender de simpatías partidistas ni de la cercanía con el poder.

Ahí entra también el famoso “piso parejo”: que una persona pueda avanzar por su esfuerzo y sus capacidades, no por sus “conectes”. Que recibir un servicio público, conseguir una oportunidad o hacer valer un derecho no dependa de conocer a la persona correcta.

También deberíamos esperar que muchas decisiones se tomen lo más cerca posible de quienes sufrirán o disfrutarán sus consecuencias, y que quienes las toman rindan cuentas frente a los afectados. Nada particularmente revolucionario. Simplemente una manera razonable de gobernar.

¿Suena irreal? ¿Una verdadera utopía? Posiblemente. La clase política, de prácticamente todos los signos ideológicos, ha convertido demasiadas veces el “gobernaré para todos” en lema de campaña y no en criterio de gobierno.

Pero sería demasiado cómodo echar toda la culpa a los políticos. Si queremos que “gobernar para todos” deje de ser una frase de campaña, también los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Votar es indispensable, pero no suficiente. A una buena parte de la ciudadanía le falta conocimiento de sus derechos y, sobre todo, voluntad para exigirlos.

Los ciudadanos sin partido tampoco escapamos de esa crítica. Votamos, algunos nos informamos y después, con demasiada frecuencia, regresamos a nuestros asuntos. Nos quejamos de los resultados y, al mismo tiempo, nos sentimos indefensos frente a ellos.

Pero indefensos no significa impotentes.

Hay formas de actuar. Se pueden crear redes ciudadanas que den seguimiento al desempeño de los gobernantes y al cumplimiento de sus promesas. Se pueden impulsar observatorios y mecanismos de contraloría social. Se puede recurrir a los tribunales cuando una autoridad viola derechos u obligaciones. Y pueden construirse alianzas entre organizaciones ciudadanas, redes sociales y medios independientes para hacer visibles los incumplimientos.

No se trata de sustituir a los partidos ni de crear otro grupo que defienda a “los suyos”. Precisamente se trata de lo contrario: exigir el mismo trato y las mismas reglas, gobierne quien gobierne.

¿Es fácil? No. ¿Cuesta? Por supuesto. Cuesta dinero, pero sobre todo tiempo, probablemente el recurso más escaso de nuestra época. También cuesta tranquilidad. Exigir cuentas nunca ha sido particularmente cómodo.

Pero esto no se va a resolver solo. Tampoco llegará un caudillo a sacarnos de nuestra situación. “Gobernar para todos” dejará de ser una frase de campaña cuando los ciudadanos exijamos que se convierta en una manera de gobernar.

No necesitamos que nos hagan el favor de tratarnos con equidad. Tenemos derecho a exigirlo.