Ciudad de México.- Después de que el gobierno de México abriera una consulta pública para definir el alcance de los "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias", la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su posicionamiento al respecto: reconocen el propósito de la iniciativa, pero alertan que los elementos puestos en manos de autoridades civiles (administrativas) pueden derivar en mecanismos de censura incompatibles con la libertad de expresión y la democracia.
En nombre de los obispos de México, la presidencia de la CEM emitió el mensaje titulado Conocerán la verdad y la verdad los hará libres dirigido "al Pueblo de Dios que peregrina en México, a las audiencias y a los comunicadores, a nuestros hermanos y hermanas de las diversas confesiones religiosas de nuestra patria, y a todas las personas de buena voluntad", pero no menciona directamente a las autoridades federales y civiles mexicanas.
La consulta pública y los lineamientos en disputa
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el 27 de julio una consulta pública, vigente hasta el 21 de agosto de 2026, para recibir opiniones sobre el proyecto de lineamientos. La iniciativa establece mecanismos para garantizar los derechos de las personas que reciben contenidos de radio y televisión, incluyendo el derecho a recibir información veraz, a distinguir entre información noticiosa y opiniones, a ejercer el derecho de réplica y a que los medios cuenten con un código de ética y un defensor de las audiencias.
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La CEM reconoce que el proyecto incluye elementos positivos: “la prohibición expresa de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos, el derecho de las audiencias a contenidos que reflejen el pluralismo de la Nación y la protección especial a los grupos vulnerables frente a la manipulación, la publicidad engañosa y los contenidos que degradan la dignidad de la persona”. Y añade: “Que estos derechos cuenten con mecanismos claros para hacerse valer es un bien para todos”.
Sin embargo, los obispos señalan un principio que, a su juicio, debe salvaguardarse con especial énfasis: “la libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático”. Y advierten: “Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.
Exigir al periodista, pero no tocar las convicciones
El mensaje de los pastores distingue entre la veracidad exigible a la información periodística —“un deber de diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error”— y “la verdad de las convicciones, que no admite verificación administrativa ni sanción, y cuya calificación por el Estado sería, en sí misma, incompatible con la libertad de conciencia y la libertad de expresión”.
El documento subraya que la calificación administrativa de la información considerada “falsa” o “descontextualizada”, sin tipificar los límites de dichos conceptos, “tiene como riesgo condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de veracidad, lo cual es incompatible con el sistema democrático tutelado por nuestra Constitución, por los tratados internacionales suscritos por México, así como por diversos precedentes judiciales nacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Libertad religiosa y pluralismo en los medios
En el mensaje, la presidencia de la CEM también aborda la libertad religiosa en el contexto de la comunicación social. Recuerda que, en la legislación mexicana, “las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión”. Y por ello, aprovecha para exhortar a reconsiderar dicha prohibición: “el pluralismo que los Lineamientos invocan, [es necesario que] incluya también el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas” y que su salvaguarda “se enuncie como principio general, en beneficio de todas las confesiones y de quienes no profesan ninguna, de tal suerte que no queden sujetos a juicios administrativos de veracidad ni a etiquetas obligatorias”.
La autorregulación ética en riesgo
Otro componente que merece atención, según el mensaje, es la protección de la independencia editorial. El proyecto, asegura la CEM, faculta a la autoridad para “revisar y validar los Códigos de Ética de los medios —que expresan su identidad, misión y valores— y para revisar en última instancia las decisiones de los defensores de audiencia, pudiendo ordenar rectificar o modificar contenidos”. Los obispos advierten: “La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”.
Por ello, el mensaje concluye con un llamado a la participación ciudadana. “Es esencial que los fieles laicos, los comunicadores católicos, las universidades e instituciones educativas, los colegios de profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía participe en la consulta antes del 21 de agosto de 2026”.
El documento recuerda que “la participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común; una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”.
A los comunicadores de México, los obispos les dicen: “su oficio es más que un trabajo. Quien informa con honradez sostiene la vida común de un país; quien lo hace con miedo, o al servicio de intereses ajenos a la verdad, la debilita”. Y citan al papa León XIV, quien expresó “la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad y pidió que custodiemos 'el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa'”.
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A las audiencias, el mensaje recuerda que “el derecho a una información veraz trae consigo una responsabilidad. Ninguna norma nos librará del deber de discernir lo que recibimos, de verificar antes de compartirlo y de no propagar aquello que hiere la fama del prójimo o siembra confusión”. Y concluye: “La primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada”.
