Ciudad de México.- Tras un largo proceso de denuncia, investigación e integración de un expediente interno contra cuatro presbíteros y un acólito de la diócesis de Atlacomulco (Estado de México), la inoperancia de las autoridades de procuración de justicia estatal habría permitido que tres de los cuatro implicados en un caso de abuso sexual de menores eludieran la acción de la justicia.
La asociación Spes Viva denunció que las agresiones contra la menor Joana se perpetraron en 2015 dentro del Seminario Mayor de la diócesis de Atlacomulco. En su relato, cuatro sacerdotes y un acólito habrían abusado sexualmente de la menor de 12 años quien acompañaba al recinto de formación religiosa a su madre, quien trabajaban en el lugar.
La denunciante asegura que comenzó a hablar de la situación a la que era sometida por los religiosos en 2017; momento en el cual, las autoridades eclesiásticas comenzaron la integración de un expediente de investigación sobre los presuntos delitos. Al finalizar dicho proceso -asegura la asociación- la diócesis de Atlacomulco informó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre los hechos, esto en agosto de 2019.
No obstante, las autoridades judiciales mexiquenses no actuaron con la presteza que requería la gravedad de la denuncia y tres de los sacerdotes se dieron a la fuga. En la investigación judicial, se detuvo momentáneamente al entonces rector del Seminario de Atlacomulco acusado del delito de violación equiparada; pero actualmente se encuentra en libertad.
Además de los abusos sexuales cometidos por religiosos y un laico contra la menor, los denunciantes lamentan la actuación de las autoridades eclesiásticas locales quienes prometieron "arreglar" el asunto mientras las apoyaban económicamente y con terapia psicológica. Acuerdo que madre e hija habrían aceptado hasta el arribo de un nuevo encargado jurídico del Seminario quien consideró que se debía dar aviso a la Fiscalía: "por lo que se informa a las autoridades correspondientes en agosto de 2019 y ésta integra el expediente ORO/FVG/VIA/014/240413/19/08".
La asociación asegura que, durante esta etapa procesal ya con las autoridades juridiales involucradas en la investigación, los abogados del ministro de culto buscaron a la víctima para ofrecer dinero a cambio de suspender el proceso. Tras el rechazo de la parte denunciante, el juicio continuó y se resolvió a favor del religioso mediante una sentencia absolutoria.
Las denunciantes impugnaron la resolución y actualmente el caso se encuentra en un impass entre la apelación de las presuntas víctimas y un juico de amparo promovido por el ministro absuelto de los cargos imputados.
Respecto a la acción que la diócesis tomó al iniciar las pesquisas, la asociación reconoció los primeros pasos de la Iglesia local para investigar a los sacerdotes y suspenderlos temporalmente del ministerio. De hecho, las investigaciones canónicas encontraron culpables de delitos de agresión a dos presbíteros y se les retiró el sacerdocio.
La víctima tiene 19 años de edad, estudia la licenciatura en Derecho y busca justicia ante los delitos que sufrió a los 12 años de edad en aquella casa de formación de sacerdotes.