Tehuantepec, Oaxaca.- Una serie de crímenes en el istmo de Tehuantepec alarma a la comunidad del mar oaxaqueña y a sus obispos Crispín Ojeda Márquez y Arturo Lona Reyes (emérito) quienes exhortaron al gobierno federal y al estado de Oaxaca su intervención para evitar más actos violentos en la comunidad ikoots derivados de un largo conflicto político electoral.
Autoridades del ayuntamiento oaxaqueño Huazantlán del Río informaron sobre el homicidio de 15 personas, entre ellas dos mujeres. Sin embargo, los obispos ponen en contexto: “desde el 3 de mayo, fue privado de la vida un agente municipal y desde tal fecha no se sabe que se haya procurado justicia por tal acontecimiento”.
“Torturaron, quemaron vivos y asesinaron a 15 de nuestros ciudadanos, incluidas dos mujeres más que reclamaban que semanas previas habían sido detenidas y retenidas contra su voluntad”, denunció el edil Ponce Hinojosa.
Los conflictos político-partidistas en la franja de los Pueblos del Mar del istmo tienen sus raíces profundas tanto por el origen étnico de las comunidades como por la manipulación de intereses económicos y políticos en el control de recursos, el usufructo de industrias energéticas, la pesca y diversas riquezas naturales de la región entre mares.
El vocero de la diócesis de Tehuantepec, José de Jesús Gutiérrez, consideró imprescindible que las autoridades federales y estatales favorezcan la conciliación en la región y se destierren los intereses ocultos de grupos de poder que desean seguir controlando la vida pública de la zona.
Los obispos Ojeda y Lona denuncian actos de agresión sistemáticos entre los participantes de asambleas comunitarias, sus opositores y las autoridades municipales. No se descarta que grupos políticos o partidistas sean los percutores de las tensiones.
“La gente sabe que son los políticos quienes provocan las luchas intestinas, entre hermanos; sólo por las migajas o dádivas económicas mantienen a los pueblos conflictuados y eso, por desgracia, podría tornar más grave la situación”, reflexiona el sacerdote Gutiérrez.
Son, dicen los líderes religiosos, hechos sumamente graves que dañan de manera profunda a una comunidad indígena; la cual, “ante la desatención ancestral y actual por parte de los niveles de gobierno, ha traído como consecuencia una grave violación a sus derechos humanos: el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, al desarrollo, al acceso pleno de los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la paz”.
El sacerdote José de Jesús Gutiérrez asegura que entre los Pueblos del Mar del istmo, la Iglesia católica ha sostenido servicios de acompañamiento, promoción social y conciliación a través del trabajo de los misioneros oblatos; de reconstrucción material y del tejido social con sacerdotes jesuitas y de renovación pastoral con sacerdotes diocesanos.
Ojeda Márquez, como obispo titular, y Lona Reyes, como obispo emérito y presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, insisten a las autoridades del Estado que la preocupación mayor entorno a la violencia comunitaria es “que puedan existir actores ajenos a la comunidad que alientan la violencia entre hermanos”.
Los obispos piden a las autoridades atender seis puntos:
- Se garantice las medidas de apoyo y asistencia que señala la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del estado de Oaxaca, a los deudos de las personas fallecidas,
- Se atienda a los niños, niñas y adolescentes que se quedaron en la orfandad a través de asistencia psicológica y médica;
- Se garantice la atención médica a los lesionados en clínicas especializadas.
- A las mujeres víctimas de violencia se les dé un trato diferenciado;
- Se realicen las investigaciones penales y administrativas que correspondan, para que los hechos ocurridos no se queden en la impunidad; y
- Se inicie un proceso de paz y reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad, así como las poblaciones vecinas.