Ciudad de México.- El problema del abuso sexual clerical en México no es solo la comisión del delito, sino un engranaje de encubrimiento que, según denuncian periodistas especializados, comienza en las propias instituciones religiosas. En el episodio reciente del programa Bajo Llave, los comunicadores Juan Pablo Reyes, Lillián Reyes, Felipe Monroy y María Eugenia Jiménez expusieron una realidad que, pese a los cambios normativos en la Iglesia católica a nivel global, sigue enquistada a nivel local.

Avances en el papel, rezagos en la práctica

El periodista Felipe Monroy reconoció que la Iglesia católica ha madurado en su respuesta institucional y legal canónica. Las últimas reformas otorgan a los obispos mayor autonomía para atender denuncias sin tener que remitirlas exclusivamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se les exige colaborar con las autoridades civiles abriendo sus archivos. Sin embargo, en la práctica, "sigue habiendo un gran problema: la escucha a las víctimas, la atención a estos casos es todavía muy marginal", afirmó Monroy. La justicia para los afectados sigue siendo "muy etérea", reduciéndose a indemnizaciones que nadie acuerda o a una persecución penal compartida que la jerarquía no termina de asumir.

Lillián Reyes añadió que, aunque todas las diócesis mexicanas cuentan en teoría con oficinas de atención, la realidad es opuesta: "¿Por qué? Porque sigue habiendo el problema del escándalo en la diócesis. Lo primero que hacen las instancias es querer tapar el escándalo. No brindas una atención a la víctima como debería de ser, te preocupas porque no escale el conflicto", señaló. Esa cultura del sigilo convierte esas oficinas en mecanismos de contención, no de justicia.

Uno de los casos paradigmáticos mencionados fue el de Joana Cruz, ocurrido en Atlacomulco, Estado de México. Entre 2015 y 2017, siendo una niña, fue violada por cinco sacerdotes, algunos de los cuales abusaron de ella dentro del seminario y en hoteles de la zona. Su madre trabajaba en el seminario, lo que evidencia el patrón de explotación de vulnerabilidad económica.

Al presentar su denuncia penal en 2019, la diócesis activó un doble juego: mientras supuestamente apoyaba la investigación, sus abogados ofrecieron a la víctima un millón de pesos a cambio de su silencio. Sólo uno de los cinco agresores fue detenido; los otros huyeron. La familia sufrió represalias comunitarias, y su expediente penal estuvo paralizado más de un año, sin que se le notificara su traslado a Saltillo, bajo la justificación de rezagos por la pandemia.

Justicia penal: dilaciones y amparos

Juan Pablo Reyes detalló los obstáculos legales. El caso más visible es el del Legionario de Cristo, Antonio María Cabrera Cabrera, quien enfrenta un proceso en el Estado de México con una petición de 29 años de prisión. Sin embargo, el juez ha pospuesto sistemáticamente las audiencias de pruebas, mientras la defensa promueve amparos y suspensiones que alargan los tiempos. "Estos recursos van alargando el juicio o las investigaciones", explicó Reyes.

El debate también abordó un flanco complejo: la presunción de inocencia. Monroy advirtió que, en México, una vez que un sacerdote es denunciado, el escándalo mediático lo sentencia sin posibilidad de retractación. Maru Jiménez puso como ejemplo un caso en la Arquidiócesis de México, donde el cardenal arzobispo Carlos Aguiar Retes anunció públicamente la entrega a la justicia de un presunto abusador. Cuando se demostró que la denuncia era falsa, la misma jerarquía nunca reivindicó al clérigo, quien quedó arrinconado psicológica y pastoralmente: "El mismo cardenal que hizo pública la detención nunca lo reivindicó", recordó Jiménez.

Además, los periodistas señalaron que algunas organizaciones internacionales han presentado listas de sacerdotes abusadores que incluían a personas fallecidas décadas antes o a religiosos inexistentes, sin que los medios mexicanos verificaran los datos: "También es un tema que cuestiona", afirmó Monroy.

Datos que no se actualizan y un nuncio que no recibe

María Eugenia Jiménez recordó una entrevista de 2021 con el entonces nuncio apostólico Franco Coppola, quien reveló que había 328 sacerdotes denunciados por abuso en México.

De ellos, 134 fueron declarados culpables de ser agresores seriales, 119 estaban en proceso y 60 habían cometido abusos "leves" (una sola víctima) y eran sometidos a terapia para determinar si podían seguir en el ministerio.

Sin embargo, agregó Jiménez, Coppola también confesó que no todos los obispos apoyaban las reformas de Francisco y que muchas diócesis carecían de comisiones funcionales de protección de menores. El panorama empeoró con el cambio de nuncio: el actual "tiene cerradas las puertas a las víctimas y a los medios", aseveró Jiménez.

Revictimización y seguimiento a agresores

Un elemento particularmente grave expuesto en el podcast es la revictimización dentro de los propios mecanismos eclesiales. En el caso de Joana Cruz, la psicóloga pagada por la diócesis de Atlacomulco le sugirió que había provocado a los sacerdotes por la forma de vestir de una niña de 12 años. Lillián Reyes señaló que esta práctica es recurrente: aprovechando la pobreza de las familias, la Iglesia ofrece dinero y terapias condicionadas a cambio del retiro de denuncias.

Uno de los señalamientos más contundentes de la mesa fue la irresponsabilidad institucional al término de los procesos eclesiásticos: "Lo peor que está pasando es que a todos estos delincuentes pederastas la Iglesia nos los avienta a la sociedad", denunció María Eugenia Jiménez.

Una vez que se les dimite del estado clerical, la jerarquía se desentiende. "Los encontramos dando clases en colegios porque los apapachan sus amigos", alertó. Los periodistas coincidieron en que no existe coordinación con el Estado para dar seguimiento a estos sujetos, lo que facilita la reincidencia.

Conclusiones desde el periodismo

Al cierre del episodio, los comunicadores dejaron reflexiones encontradas: expresaron poca confianza en la nueva generación de líderes eclesiásticos mientras reiteran el llamado a las víctimas a alzar la voz y seguir los dos caminos (el canónico y el penal), a pesar de las dificultades. Incluso se planteó la creación de un registro público de depredadores sexuales, alimentado con datos que las iglesias aún no logran consolidar.