La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) sostendrá en días próximos su 116 Asamblea Plenaria en medio de un momento especialmente agitado y relevante para la sociedad mexicana. Como cada semestre, los obispos católicos se reúnen para escuchar, discernir, dirimir y votar las cuestiones que el Consejo de Presidencia y la Comisión Permanente han preparado para la reunión.
Estas asambleas plenarias por regla general abordan cuestiones de índole interno respecto a la estructura, operación, proyectos y programas de mediano y largo plazo para la Iglesia católica peregrina en México. De hecho, desde el trienio 2015-2018 se comenzó un largo itinerario tanto reflexivo como operativo para responder a los desafíos sociales y religiosos del siglo XXI; el documento denominado Proyecto Global de Pastoral (PGP 2031+2033) fue aprobado por el voto mayoritario de los obispos y ha sido puesto en acción (con no pocas dificultades) a través de seis opciones pastorales y más de treinta compromisos concretos en los últimos años.
Sin embargo, para esta próxima reunión, los obispos de México llegan a la asamblea con una agenda eminentemente aderezada tanto por los recientes acontecimientos sociales como por los inminentes político-electorales. Como cada seis años, la CEM programa la visita de los aspirantes a la presidencia de la República para conocerlos, escucharlos y para plantearles inquietudes tanto personales como respecto a los planes y programas de trabajo que, de ser electos, implementarían desde el Ejecutivo.
Hay que recordar que –hasta el momento y fuera de los debates programados por el INE– la Iglesia mexicana ha sido la única instancia intermedia de la sociedad que ha logrado reunir presencialmente a los tres candidatos a la presidencia de la República en el mismo evento y con un objetivo común: la firma del Compromiso por la Paz resultado del itinerario de trabajo organizado por el propio episcopado, los superiores de congregaciones religiosas presentes en el país y los jesuitas de México en el que se convocó a liderazgos del sector empresarial, activistas de derechos humanos, representantes de medios de comunicación y de diversas organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana.
Sin duda, la participación pública de los líderes eclesiásticos en México respecto a la situación de violencia y criminalidad ha sido la más visible y activa desde que la llamada ‘Guerra contra el Narco’ –iniciada en el sexenio de Felipe Calderón– provocó el crecimiento exponencial en los homicidios dolosos, desplazamientos forzados, desapariciones, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Tras tres gobiernos de signos políticos distintos, la situación se agravó hasta permanecer en una especie de ‘estancamiento’ que normaliza e inscribe en la cultura los niveles de agresividad, violencia, desprecio por la vida y abuso.
La preocupación de los obispos por el tema de la violencia y la falta de resultados claros de las tres distintas estrategias ha sido expresada permanentemente a través de los comunicados oficiales de la CEM pero ha sido especialmente importante la función del vocero del organismo y obispo de Morelos, Ramón Castro Castro, quien ha revelado la vinculación del crimen organizado con el ejercicio de la política, tanto con los partidos como con los líderes políticos: "Algunas organizaciones de delincuentes están pidiendo: ‘Te dejo de pedir el derecho de piso, pero tú me tienes que votar por tal partido’... Eso nos preocupa, ¿cómo es posible que haya esta alianza y que los partidos pidan a estos grupos que les apoyen?”
No ha sido el único; obispos en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Guanajuato han declarado explícita o implícitamente que los grupos criminales operan en sus territorios gracias a la connivencia, corrupción o interés de las autoridades civiles.
Al episcopado no le ha convencido la respuesta del presidente López Obrador sobre los resultados de su estrategia contra la violencia, la cual –como asegura el mandatario– si no ha disminuido por lo menos no ha continuado la tendencia de crecimiento de los sexenios anteriores. Y no los ha convencido porque, como le dijeron en la última oportunidad en la que se reunieron con el tabasqueño en noviembre pasado, ellos constatan “otros datos” en sus territorios y cuentan con los testimonios de sus sacerdotes, religiosas y fieles.
Por ello, el encuentro con Gálvez, Sheinbaum y Álvarez resulta crucial para la toma de actitud de los obispos frente al próximo sexenio: no se pueden recomendar viejas estrategias que provocaron el vertiginoso incremento de la criminalidad pero tampoco se pueden aceptar fatuos triunfalismos en esta materia. Y una última cosa esperarán los obispos: que la próxima gestión de la federación mantenga abiertos los canales de diálogo y trabajo conjunto, respetuoso e integrador, sin autosuficiencias ni indefiniciones ideológicas.
Porque en esta próxima Asamblea Plenaria no sólo está el análisis de la elección de la Presidencia de México sino de la próxima elección del presidente de la CEM. La asamblea será una aduana para valorar los perfiles más idóneos para representar a los obispos en el Consejo de la Presidencia para el cual se evaluará el temple, las habilidades, la prudencia y la fortaleza de los candidatos, requerirá de perfiles esencialmente dialogantes, atemperados en sus pasiones políticas y con probadas cualidades de gestión; pues la próxima presidencia de la CEM tendrá que acompañar el arranque de un sexenio intensamente complejo sin dejar de mirar que, desde el Vaticano, la condición de salud del papa Francisco (uno de los pontífices más longevos de la historia) supondrá desafíos para la estructura y funcionamiento de la Iglesia católica universal.