Chilpancingo, Guerrero.- En un contexto de violencia creciente y desgaste institucional, obispos de la Iglesia Católica en Guerrero han emergido como actores clave en la búsqueda de paz, ante la percepción de incapacidad de las autoridades para contener la crisis.

La diócesis de Chilpancingo-Chilapa, liderada por el obispo José de Jesús González Hernández, confirmó a inicios de mes su disposición a mediar con grupos armados, una estrategia que, aunque cuestionada, refleja la desesperación social frente a la inacción gubernamental. Al respecto, el colectivo Tlachinollan reconoció que si bien la obligación de mantener la paz es del Estado, la participación de la Iglesia católica y sus líderes como mediadores es muy importante.

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Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que, tras más de tres años de gestión, el gobierno estatal y federal no han logrado revertir la curva de violencia, marcada por asesinatos a plena luz del día en ciudades como Chilpancingo, Acapulco e Iguala:

“Las instituciones están desdibujadas: la Fiscalía carece de recursos, la Secretaría de Seguridad no previene delitos, y ni la Guardia Nacional ni el Ejército han dado resultados”, criticó.

Barrera subrayó que la población, ante el miedo a denunciar (por represalias o filtración de datos) y la impunidad del 98% de los casos, ve en la Iglesia “la única alternativa”. Aunque reconoció que la mediación eclesiástica no sustituye al Estado de derecho, admitió su valor coyuntural: “Los obispos tienen legitimidad moral. Su intervención puede disuadir confrontaciones, aunque no resuelva las causas estructurales”.

El obispo González Hernández retomó esta misma semana el interés de continuar una práctica impulsada anteriormente por figuras como Salvador Rangel Mendoza, quien en años pasados logró acuerdos temporales entre grupos armados. “Seguiremos buscando diálogo con los generadores de violencia”, declaró el religioso, sin detallar estrategias. Su postura, sin embargo, no ha recibido réplica oficial: ni el gobierno estatal ni federal se han pronunciado al respecto.

Para Barrera, esta ausencia de respuestas evidencia un “repliegue del Estado” ante redes delictivas enquistadas en instituciones y comunidades. “Hay colusión o complicidad”, afirmó, al destacar que Guerrero enfrenta una “avalancha delincuencial” con estructuras que requieren investigación científica y voluntad política para su desmantelamiento.

Mientras las “mesas de paz” oficiales fracasan, la sociedad clama por una tregua. Barrera explicó que la Iglesia ofrece una “pausa” en territorios donde la violencia asfixia la vida cotidiana: mercados, transporte público y colonias convertidas en zonas de riesgo. “La gente ya no pide soluciones definitivas, sino un respiro”, lamentó.

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Expertos en seguridad coinciden en que la mediación eclesiástica, aunque frágil, ha tenido éxito histórico en reducir temporalmente la violencia. No obstante, advierten riesgos: la legitimación de grupos armados y la profundización de la dependencia en actores no estatales.

Guerrero, con una tasa de homicidios de 85 por cada 100 mil habitantes (la más alta de México en 2024), enfrenta un colapso multidimensional: economías ilegales, corrupción sistémica y migración forzada. El gobierno estatal, en poder de Morena desde 2021, prometió un “nuevo modelo de seguridad”, pero datos oficiales muestran un aumento del 30% en secuestros y extorsiones desde entonces.

Mientras las instituciones se desvanecen, la Iglesia Católica, con su red de parroquias y su capital social, se erige como un último dique. Sin embargo, como concluye Barrera: “La paz duradera solo llegará cuando el Estado asuma su responsabilidad. Lo demás son parches”.