San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- La intensamente asediada comunidad de Simojovel, en el sureste mexicano, nuevamente está en alerta por las amenazas recibidas contra su párroco Marcelo Pérez Pérez.

En el 2015, las autoridades locales intentaron intimidar al religioso con una concentración a las afueras de la parroquia de San Antonio de Padua; en el 2018, en medio del proceso electoral, el sacerdote recibió nuevas amenazas por su crítica ante la proliferación de cantinas y venta de drogas. En esta ocasión, el hostigamiento parece venir de miembros del Cartel Jalismo Nueva Generación (CJNG).

Según denunciaron el Consejo Parroquial de San Antonio de Padua Simojovel, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la propia diócesis de San Cristóbal de las Casas, el 28 de marzo, un hombre ajeno a la comunidad tomó fotografías a los colaboradores de la parroquia; el 2 de abril un colaborador del sacerdote recibió una llamada intimidatoria; y finalmente el  6 de abril, el religioso recibió una llamada de una persona que se identificó como "Coronel":

"¿Le interesa la vida de la paz y la tranquilidad de sus fieles seguidores sus feligreses o no le interesa padre?…Ahora yo le digo muy bien, quiero hacerle saber Padre, que de este llamado el cual usted y yo mantenemos, de este llamado depende la vida, la paz y la tranquilidad de cada uno de los suyos […] este llamado no es una broma, […] de usted depende que no se desate una masacre entre sus feligreses […], podemos darle una solución pacífica y usted ya ha sido avisado".

El sacerdote Marcelo Pérez es un referente de la defensa de los pueblos del sureste mexicano y de la promoción de la justicia social. Al momento es coordinador de la Pastoral Social de la Provincia Eclesiástica de Chiapas, que abarca las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Debido a su labor y las amenazas que ha recibido en el pasado, el religioso cuenta con medidas cautelares otorgadas por la COmisión Interamericana de Derechos Humanas y con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

Según la llamada de amenaza, los presuntos miembros del CJNG exigen a la Iglesia católica, a sus sacerdotes y laicos "alinearse" a este grupo delictivo y reconocerlos como dueños del territorio, a cambio -ofrecieron- habrá paz en el área, de lo contrario, tomarían medidas punitivas contra la comunidad.

Los reportes de la Iglesia católica local confirman que no es la primera de este tipo de acciones por parte del CJNG o de otros grupos delincuenciales, que busca intimidar y someter a grupos de ciudadanos de áreas rurales con miedo e intimidación. Sin embargo, por medio de la acción social y pastoral de la Iglesia se ha logrado unir a 18 municipios de la zona en defensa de los derechos humanos.

El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar, expresó que el trabajo de los católicos en esta materia de construcción de paz y justicia social no se detendrá "porque es un servicio exitoso después de tantos años de compromiso de la diócesis con la población".

COMUNICADO oficial