Londres, Reino Unido.- El arzobispo primado de Canterbury, Justin Welby y otra veintena de obispos representantes de la Iglesia de Inglaterra (Iglesia Anglicana) que ocupan un escaño en la Cámara de los Lores, han enviado una carta al diario The Times para denunciar la política de deportaciones de migrantes emprendida por la administración del premier británico Boris Johnson, la han calificado como "vergüenza para la nación".
Se trata de una política emprendida por Johnson para la deportación de migrantes irregulares detenidos en Inglaterra y enviados a Ruanda, en África. El primer vuelo de migrantes saldrá de London Stanstead rumbo a Kigali; originalmente serían 130 migrantes pero, hasta el momento, sólo será una docena de deportados. Las autoridades británicas han desestimado la deportación de muchos de ellos por los desafíos legales que implicaba cada caso particular.
Los obispos británicos han declarado al respecto: "Deportaciones, o devoluciones forzosas de los solicitantes de asilo a sus países de origen, no son el modo de afrontar esta situación. Es una política inmoral que avergüenza a Gran Bretaña". El texto está firmado en primer lugar por Welby, cabeza principal -después de la reina Isabel II- de la Iglesia anglicana. De hecho, el arzobispo ya se había pronunciado con anterioridad sobre las deportaciones en una homilía en la que definió la práctica como "contraria a Dios".
Según cálculos de los medios británicos el vuelo charter tendrá un coste final de unos 580 mil euros aproximadamente (12.5 millones de pesos).
Las autoridades británicas se han defendido de la crítica de los pastores anglicanos. Por ejemplo, la ministra del Exterior, Luz Trusss, ha disentido con los obispos: "No estoy de acuerdo en absoluto. Los únicos inmorales en todo este asunto son los traficantes que comercian con la miseria humana... [Los obispos] tienen que sugerir alguna política alternativa que funcione. La nuestra es completamente legal y completamente moral", defendió Truss.
Al gobierno de Johnson lo respalda por el momento la justicia británica: el alto tribunal de Inglaterra rechazó las peticiones de algunos inmingrantes y de ONG's humanitarias para suspender el vuelo de deportación. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que los migrantes deportados a Ruanda puedan volver a Inglaterra si el Tribunal Supremo inglés contraviene el protocolo de deportaciones antes de que concluya 2022.
Y en esto, incluso las autoridades de Ruanda tienen responsabilidad. El gobierno del país africano debe facilitar a todos los inmigrantes deportados "alojamiento, salud, seguridad y bienestar personal"; les debe garantizar libre tránsito en toda la nación y otorgarles un estatus de refugiados según los criterios de la Convención de Refugiados de la ONU. Para que todo este protocolo se realice sin delación, el gobierno de Johnson acordó con las autoridades de Ruanda una primera entrega de recursos estimada en 140 millones de euros (un poco más de tres mil millones de pesos mexicanos) para tal propósito.