Ciudad del Vaticano.- A través de un motu proprio, el papa Francisco ha dado un paso concreto para combatir los casos de corrupción financiera dentro del propio Vaticano, casos que han escandalizado a toda la Iglesia católica.
La reforma a la Curia Vaticana emprendida por Francisco ahora tendrá nuevas leyes para los funcionarios y eclesiásticos que trabajan para los organismos de la Santa Sede. La decisión del pontífice ocurre después de varios escándalos financieros en los que se ven involucrados gestores y operadores eclesiásticos que manejan las inversiones de la Iglesia.
Las nuevas reglas exigen que tanto directivos como todo el personal administrativo que trabaje en la administración de la Iglesia católica deben declarar que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal.
Además, los funcionarios vaticanos no podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen 'en contra de la doctrina de la Iglesia', informa el texto.
"Está prohibido que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros (alrededor de 972 pesos mexicanos)", sanciona el Motu Proprio.
El papa Francisco se comprometió desde 2013 a reformar las finanzas del Vaticano y a las estructuras bancarias y financieras que, si bien facilitan la acción humanitaria de la Iglesia católica en todo el mundo, también han sido escenario de tristes escándalos por controvertidas inversiones. El objetivo de Francisco es garantizar la transparencia de las operaciones financieras y del obrar de los funcionarios responsables.
En los últimos años, una de las investigaciones vaticanas contra la corrupción reveló que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas. En otros casos, las inversiones de la Iglesia católica universal han ido a parar a proyectos muy lejanos a los principios de la fe cristiana.
No es la primera vez que Francisco busca combatir las malas prácticas financieras en el Vaticano. En agosto del 2019, el Papa ordenó la reestructuración y el organigrama del Instituto para las Obras de Religión, el IOR, conocido como ‘Banco Vaticano’ que también ha protagonizado algunos escándalos vergonzosos para la Santa Sede. Creado en 1942 por Pío XII, la entidad ha tenido varias reformas para tratar de responder a su finalidad. Juan Pablo II en 1990 le dio el organigrama y las finalidades actuales.
En este 2021, la nueva medida deberá ser acatada por todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3; es decir, desde los cardenales y jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión, explicó en una nota el Vaticano.
Tanto los prelados como los laicos deberán firmar una declaración asegurando que no han sido objeto de condenas, ni de juicios o investigaciones penales por corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores o incluso evasión fiscal.
Estas personas tampoco podrán tener cuentas en efectivo o inversiones en países de alto riesgo por lavado de activos o financiamiento del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operan "contra la doctrina social de la iglesia", precisa el texto.
El Motu Prorpio faculta a la Secretaría de Economía de la Santa Sede para "realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos", advierte el pontífice.
"Tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años", añade el documento firmado por el pontífice. Las nuevas reglas han sido tomadas tras las decididas el 19 de mayo de 2020, cuando el papa Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, tras considerar que era necesario, "porque la corrupción puede manifestarse en diferentes modalidades y formas", recuerda.
En aquel entonces, Francisco creó una única ley marco para todos los contratos y licitaciones vinculadas a cualquier departamento vaticano que lleva por nombre ‘Reglas sobre transparencia, control y competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano’. El objetivo, además de la transparencia y el control de las finanzas, es evitar que los contratos firmados por el Vaticano se realicen al arbitrio y capricho de funcionarios eclesiásticos.
La Santa Sede además adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el fin de ajustarse a las mejores prácticas "para prevenir y combatir ese fenómeno en sus diversas formas".