Managua, Nicaragua.- El pasado jueves 14 de noviembre, se dio a conocer que el gobierno de Daniel Ortega instruyó la expulsión de Carlos Herrera, obispo de la diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), tras expresar su descontento con las autoridades locales. El obispo tuvo que exiliarse y refugiarse en Guatemala.
Según los relatos locales, el gobierno decidió expulsar al obispo del país debido a que éste calificó como 'sacrilegio' la decisión del alcalde de Jinotega de poner música a alto volumen frente a la catedral de San Juan Bautista mientras el pastor celebraba la Eucaristía el 10 de noviembre: "Esto es un sacrilegio -dijo Herrera ante los fieles durante la celebración dominical-. Lo que están haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales, es un sacrilegio".
Desde tiempo atrás, la Iglesia católica y las autoridades municipales ya habían intercambiado descontentos por que se realizan actos cívicos o de espectáculo justo frente a la Catedral diocesana y especialmente durante las celebraciones religiosas. Por ello, el obispo Herrera invitó a los fieles a "pedir perdón a Dios" por los actos que agravian la sacralidad de los momentos espirituales y religiosos.
Esta expresión fue la que condujo a las autoridades del gobierno orteguista para capturar al obispo Herrera y su posterior expulsión hacia la nación de Guatemala, donde se encuentra exiliado y refugiado en una casa de la Orden de Frailes Menores.
Con el obispo Herrera son ya tres los obispos que han sido desterrados por las autoridades de Nicaragua. Los obispos que han tenido que salir del país son Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa; Isidoro del Carmen Mora Ortega, de la diócesis de Siuna; y Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien tuvo que exiliarse tras haber recibido amenazas de muerte.
Así también, se conoce que la Iglesia católica ha sido objeto de 879 ataques por parte del gobierno nicaragüense. Además, se han prohibido miles de procesiones religiosas, sumando un total de 9 mil 688 eventos cancelados. La última fue la prohibición a sacerdotes de dar la unción de enfermos en los hospitales y clínicas.
