Ciudad de México.- “Aquí no hay privilegios, no hay intocables”. Esa es la certeza que desea transmitir el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, frente a los casos de abuso sexual en la Iglesia católica.
Cabrera asegura que la Iglesia católica intenta asimilar los aprendizajes que los casos de abuso sexual y encubrimiento institucional han dejado en los últimos años: “Las víctimas son primero; la mirada de la Iglesia es para la víctima primero y no para el victimario. Lo segundo: hay que ofrecer todo el apoyo humano, espiritual y legal, no debe haber tolerancia en caso de abusos; es necesario desterrar el clericalismo para que los fieles no se pongan de parte del abusador. También los procesos deben ser inmediatos, claros y expeditos. Los errores han sido por la tardanza de enfrentar estos problemas”.
“El mismo Papa lo ha dicho, nunca será suficiente lo que se haga para reparar el daño causado por estos terribles abusos. Porque las heridas nunca prescriben”.
Por ello, a nombre de los obispos mexicanos, Cabrera hizo votos por que se concrete en la legislación nacional un proyecto de ley que evite la prescripción de los delitos de índole sexual.
“Pedimos a las autoridades competentes para que no haya prescripción del delito. Actualmente es de 10 años y después ya no se puede hacer nada. Consideramos que esto es injusto puesto que el mal perdura a lo largo de la vida de aquel que ha sido víctima”, acotó.
Cabrera aseguró que el Código de Derecho Canónico (el marco legal de la Iglesia católica) establece que el delito de abuso sexual prescribe 20 años posteriores a que la víctima cumple la mayoría de edad (18 años). Es decir que, en los procesos canónicos sobre abusos sexuales cometidos contra menores de edad, una vez que la víctima cumple 38 años, el delito oficialmente prescribe. Sin embargo, Cabrera asegura que ese marco canónico también es flexible, derogable incluso, para obrar a favor de la víctima.
Al respeto, la conferencia de obispos de México publicó en su mensaje de inicio del 2020: “Nosotros, con respeto, queremos pedir en nombre de los obispos de México que no haya prescripción de los delitos… estamos a favor del levantamiento de la prescripción del delito de abuso sexual o su ampliación, tema que ya está en varias iniciativas de ley a nivel federal y local”.
Las víctimas esperan justicia
Cabera López sintetizó que los diferentes casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica les han hecho comprender que las víctimas esperan diferentes respuestas y satisfactores; y también les hicieron ver los errores cometidos en el pasado, por ejemplo, la práctica recurrente del cambio de ubicación del ministro acusado que no sólo garantizó impunidad al delincuente, sino que se le facilitaba reproducir crímenes en otras comunidades: “La solución geográfica demostró ser insatisfactoria y peligrosa”.
“No basta atender jurídicamente el caso y castigar al culpable; no basta que la Iglesia católica a través de un proceso canónico lo expulse del orden clerical. Ni siquiera basta que la autoridad le imponga su castigo proporcional a su falta. Hay muchos asuntos que las víctimas esperan”.
El arzobispo apuntó que las normas internacionales recomiendan cinco medidas de reparación para las víctimas de abuso sexual: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantía de no repetición. Cabrera hizo hincapié en las últimas tres:
“La rehabilitación: sabemos que obliga tener y tomar todas las medidas de atención médica, psicológica y espiritual; sobre las medidas de satisfacción: la verificación de los hechos, el conocimiento público de la verdad y a los actos sinceros de desagravio, la sanciones contra a los perpetradores, la conmemoración y tributo a las víctimas. Finalmente, la garantía de no repetición... No puedes cambiar a un sacerdote de un lugar a otro para que él cambie y la situación sea diferente. Que las víctimas no sean objeto nuevamente de violaciones o que otros entren en riesgo”.
Avances en la prevención
La Iglesia católica en México confirmó que, además del Consejo Nacional de Protección a Menores, se han constituido 14 comisiones diocesanas necesarias para atender integralmente a las víctimas. Aún no se han concretado -por falta de recursos humanos y materiales principalmente- en 84 diócesis mexicanas, pero esperan que tanto los obispos diocesanos como superiores de congregaciones religiosas hagan un esfuerzo para cumplir la medida solicitada por el papa Francisco.
Las autoridades eclesiales también compartieron que, en los últimos diez años, se tiene registro de 271 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes diocesanos, más otros 155 procesos por otras faltas canónicas.
En total, la Iglesia católica en México tiene noticias de 426 sacerdotes que han sido investigados por presuntos delitos canónicos; de los cuales 217 fueron dimitidos del orden clerical y 173 se encuentran actualmente en proceso en los tribunales eclesiásticos. De los 271 casos de abuso sexual refirieron que no se tiene un contraste detallado del proceso judicial competente pero que verifican 155 casos que se cree fueron llevados también a la fiscalía especializada en delitos sexuales.
Finalmente, Cabrera reflexionó sobre la responsabilidad de las autoridades eclesiales en el apoyo a víctimas y familiares de víctimas justo para que presenten las denuncias ante las autoridades civiles correspondientes: “Nos toca informar a la autoridad, pero no nos compete presentar la denuncia… nos compete animar a los papás y tutores para que hagan la denuncia, incluso acompañarlos para que la realicen. No podemos dejar pasar el tiempo y tampoco dejar al criterio de los papás la denuncia [pues] muchas cosas han quedado así [sin ser denunciadas] por décadas. Hemos aprendido que debemos colaborar en todo lo posible con la autoridad para esclarecer la verdad, la nueva norma es que ya no hay secreto pontificio, que nadie pueda aducir el secreto como causa para no evidenciar los asuntos delictivos. Debemos ser transparentes ante la sociedad, la opinión pública y la prensa, siempre que el marco legal nos lo permita”.