San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Tras el ataque sufrido por religiosas y agentes pastorales de la diócesis chiapaneca la mañana del 18 de noviembre, las autoridades eclesiásticas y la comunidad católica de San Cristóbal de las Casas clamaron por el fin de la escalada de violencia en el sureste mexicano.
A través de un comunicado firmado por el obispo local, Rodrigo Aguilar Martínez, se manifiesta lla preocupación porque ni la ciudadanía ni las autoridades civiles han llegado a resolver el problema de fondo en las comunidades de Santa Magdalena Aldama y Santa Marta: Ante el sufrimiento, el dolor, las muertes y los desplazados por causa del enfrentamiento en las comunidades sentimos que un dolor atraviesa nuestro corazón".
No es la primera vez que denuncian situaciones de violencia en la localidad de Aldama pero insisten en que la situación ha rebasado precedentes: "Ha escalado la violencia con ataques diarios en distintos puntos y a distintas comunidades"; por ello piden la atención de las autoridades y exigen el desarme de grupos de corte paramilitar.
"El día de hoy por la mañana un grupo de Cáritas de San Cristóbal de las Casas y del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México en coordinación con la parroquia de San Andrés Apóstol, que entregaban ayuda humanitaria en alimentos a familias desplazadas, por la situación de la violencia armada, fue atacado en la comunidad de Cotzilnam, Aldama, Chiapas, México, por un segundo grupo armado de corte paramilitar. Los disparos, con arma de alto calibre, presuntamente son del Sector Santa Marta. Cabe señalar que, por la misma situación, la ayuda humanitaria no se ha podido llevar a las comunidades y las mismas padecen una crisis alimentaria y de servicios básicos".
La diócesis refiere que el ataque dejó heridas en la religiosa María Isabel Hernández Rea, de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y en un agente de pastoral de la diócesis de San Cristóbal de las Casas que colabora en la parroquia de San Andrés.
"Reprobamos este ataque y los anteriores que han sufrido las comunidades y nos unimos a la petición encarecida para que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona".
La Iglesia concluye en su comunicado que exige que las autoridades implementen atención que garantice la seguridad de la población vulnerable: "Instamos al Estado mexicano desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de esta zona y junto a quienes les proveen de las armas aplicar el peso de la ley. ¡No queremos otro Acteal! ¡No queremos más heridos y muertos! ¡No queremos más personas desplazadas! No queremos más sufrimiento de mujeres niñas y niños. No queremos más armas en nuestros pueblos"
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