Ciudad de México.- Durante el primer Encuentro Nacional de Responsables de Protección de Menores para diócesis y congregaciones religiosas en México se reveló que, hasta el momento 80 de las 95 diócesis del país cuentan ya con un equipo interdisciplinario local para atender los casos de abuso sexual contra menores y para fortalecer las medidas de prevención en las instituciones católicas.
El pasado 20 de abril comenzó este primer Encuentro Nacional y logró convocar a más de 300 participantes entre laicos, sacerdotes, religiosas y obispos de todo el país que han manifestado un compromiso tanto con la 'tolerancia cero' al encubrimiento de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia como con la generación de estrategias de prevención dentro de los diversos organismos eclesiásticos para que niños, adolescentes y personas vulnerables se encuentren seguros.
El encuentro se desarrolla de manera virtual cada martes y según sus organizadores tiene el objetivo "de animar, impulsar y fortalecer la conformación, consolidación y funcionamiento de las comisiones diocesanas y religiosas de protección de menores, así como sus implicaciones psicológicas, jurídicas, canónicas, comunicativas y pastorales".
"El Consejo Nacional de Protección de Menores dio a conocer que más de 80 diócesis y más de 4 congregaciones religiosas, ya han asumido el compromiso de conformar un equipo interdisciplinario de apoyo para la prevención, detección y respuesta ante casos de abuso de menores dentro de la Iglesia, por lo que es importante dotar a los responsables de materiales para su buen funcionamiento y alentar la formación de más equipos o comisiones", revelan.
A decir de los organizadores del Encuentro y los participantes, el evento "era una ilusión que la Iglesia católica mexicana tenía desde el año antepasado, sin embargo, por motivos de la pandemia se tuvo que posponer".
El Consejo Nacional de Protección de Menores es una instancia católica que, en los últimos años ha construido y recomendado diferentes programas de acompañamiento para que diócesis e instituciones eclesiales asuman responsabilidades de prevención, denuncia y seguimiento a casos de abuso sexual contra menores perpetrados por ministros de culto y agentes pastorales.