Ciudad de México.- El cambio de régimen político en el 2018 con el ascenso del presidente Andrés Manuel López Obrador denominada 'Cuarta Transformación', la continuación del 'Segundo Piso de la Transformación' y el cambio de estrategias de seguridad y pacificación de México de los últimos siete años no ha significado una reducción en la tendencia de ataques, agresiones y violencia en contra de ministros de culto y agentes de pastoral de la Iglesia católica en el país, reportó la Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial (CCM).
En el Reporte 2025 del Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México, presentado por el sacerdote paulino Sergio Omar Sotelo Aguilar y el analista político Guillermo Gazanini Espinoza, se detalla, por el contrario, una escalada de agresiones contra ministros de culto, templos y fieles católicos en México entre 2018 y 2025. El documento registra patrones de violencia que trascienden la delincuencia común y señala una impunidad estructural superior al 80 por ciento en estos casos.
El reporte especifica que, desde 2018 hasta octubre de 2025, trece sacerdotes fueron asesinados durante los periodos federales de López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. El estado de Guerrero concentra un historial particularmente grave, con ocho sacerdotes, dos seminaristas y un sacristán asesinados desde 2009. Otros estados con alta incidencia son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Michoacán.
"Cuando se asesina a un sacerdote, no se asesina solo a una persona, se mata a toda una institución", declaró Sotelo; y explicó que el sacerdote tiene un papel "estabilizador" en la comunidad por lo que, cuando el crimen organizado última a un religioso "manda un mensaje: Si podemos matar a un cura, podemos matar a cualquiera", alertó.
Los ataques no se limitan a homicidios. El documento lista tres sacerdotes desaparecidos desde 2012, con el caso más reciente en febrero de 2025. Además, se registran agresiones directas a templos, con un promedio estimado de 26 a 28 incidentes por semana, que incluyen robos, profanaciones e incendios. Aproximadamente el 12 por ciento de los templos católicos en México sufren al menos un ataque al año.
El informe destaca un cambio en la naturaleza de la violencia. Señala que el crimen organizado ejecuta una estrategia específica contra sacerdotes católicos por su papel como "estabilizadores sociales" en comunidades vulnerables. Esta dinámica provoca el desplazamiento de poblaciones, impone una cultura del silencho y erosiona el tejido comunitario.
Casos específicos ejemplifican la gravedad. En agosto de 2025, un sujeto armado con un machete incendió el altar principal de una parroquia en Veracruz. En octubre de 2024, el sacerdote indígena y defensor de derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez fue asesinado a tiros en Chiapas, el primer crimen de este tipo registrado en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En diciembre de 2024, una catequista fue asesinada en Colima, presuntamente por el crimen organizado.
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La respuesta institucional aparece como un punto crítico. El Centro Católico Multimedial documenta que más del 80 por ciento de estos crímenes permanecen en la impunidad. Las investigaciones suelen estancarse y, en ocasiones, autoridades inicialmente atribuyen los motivos a vínculos de las víctimas con el crimen o a defectos personales, narrativas que el informe desmiente.
En el reporte también se aborda el fenómeno de robo de arte sacro, el cual emerge como un delito colateral con baja tasa de recuperación. Solo una de cada cien piezas culturales robadas se recupera en México, aunque el reporte menciona la devolución de un óleo del siglo XVIII en 2025 como una excepción notable.
Ante este panorama, el informe finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a la Conferencia del Episcopado Mexicano: Propone la creación de una Comisión Especial de Seguridad Eclesial, la actualización de protocolos de seguridad con apoyo tecnológico, el establecimiento de un Observatorio Nacional de Violencia contra el Patrimonio Eclesial y la instauración de un Día Nacional de Memoria y Prevención.
El documento concluye que la violencia contra la Iglesia Católica en México ya no representa hechos aislados, sino una campaña estratégica que explota un vacío de poder estatal y ataca directamente a figuras que representan cohesión social en regiones bajo control criminal.
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