Madrid, España.- El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia que ha elaborado la Conferencia Episcopal no convence a las víctimas. Para ellas llega tarde: “La jerarquía católica española ha tenido durante décadas una actitud oscurantista. Hasta hace poco negaban que esto fuese un problema importante, decían que eran unas pocas manzanas podridas; mientras otras iglesias en el mundo eran golpeadas por el escándalo, la española decía que aquí eso no había pasado o que el problema no era tan grave”, denuncia a Newtral.es Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat.

Este es “el primer informe que se presenta en público” sobre abusos y pederastia en la Iglesia española, según el propio episcopado. El documento, que titulan Para dar luz, cuantifica el número de denuncias que han recibido en sus oficinas de protección de menores desde 1945, un total de 927, y en él señalan a 728 acusados. Pero otros conteos duplican el dato: el del diario El País, que lleva desde 2018 investigando los casos de pederastia en España a través de numerosas fuentes documentales, eleva la cifra a 1.957 víctimas.

El informe también dibuja el perfil de los agresores, la mayoría hombres (el 99%) pertenecientes al clero (el 52%), aunque también hay religiosos que no habían sido ordenados como sacerdotes (un 32%) y laicos vinculados a la Iglesia (un 12%), muchos de ellos ya fallecidos. La mayor parte de las víctimas también son hombres (el 82,6%).

¿Qué papel han tenido hasta ahora las instituciones eclesiásticas a la hora de gestionar los casos de agresiones sexuales en sus centros? Lo analizamos con asociaciones y víctimas.

Las críticas de las asociaciones ante el informe de la Iglesia:“Con las cifras que dan es muy difícil saber quiénes son los abusadores”
Para Hurtado, la cifra total que da la Conferencia Episcopal se queda lejos de esbozar una radiografía real del problema. La Iglesia estaría, en su opinión, infradimensionando el fenómeno: “Se están quedando muy cortos. Con las cifras que dan, que son muy genéricas, es muy difícil saber quiénes son los abusadores, en qué parroquias o escuelas han ejercido y durante cuánto tiempo”, explica Hurtado.

Unas limitaciones que también señala Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Abusos Sexuales en centros religiosos de Navarra. “La Conferencia Episcopal solo se hace cargo de los abusos cometidos en las diócesis, por curas o gente que trabaje para ellos, pero sigue siendo un número muy bajo“ y denuncia que el despacho encargado de elaborar la auditoría, Cremades & Calvo-Sotelo, ni siquiera se ha puesto en contacto con la asociación.

Las “deficiencias” del informe sobre los abusos en la Iglesia, que se convierte en “juez y parte”
El documento de la Conferencia Episcopal recoge las denuncias que se han presentado en las oficinas que habilitó la propia Iglesia para recabar estos testimonios. Son más de 200 centros y “tienen una dimensión pastoral (no judicial)” para “acoger todos los testimonios” con el objetivo de “ayudar a todas las víctimas en su acogida, su acompañamiento, su sanación y su reparación”.

El problema que ven los afectados: tener que acudir al lugar donde sufrieron estas agresiones para que su caso cuente en las estadísticas. Estos mecanismos despiertan bastantes reticencias en las asociaciones: “Denunciar canónicamente no te da ninguna garantía, no sirve para nada, lo único que te ofrecen es una ayuda psicológica para recristianizarte, por decirlo de alguna manera. Pero es ridículo tener que ir a denunciar donde te han hecho daño. Son juez y parte”, explica Zudaire.

Hurtado también duda de que las víctimas se sientan cómodas denunciando en el mismo organismo en el que sufrieron estas agresiones. “Hay mucha gente que no denuncia porque no se fía de la Iglesia”, algo que también podría estar relativizando el número total de víctimas.

La asunción de responsabilidades y los plazos de prescripción
Hasta hace dos años, la Conferencia Episcopal, aunque sí reconocía “con vergüenza” haber generado “un grave problema social”, apenas notificaba unas pocas denuncias por este tipo de agresiones en sus oficinas y desconocía por completo el número total de afectados más allá de los casos que llegaban a estos centros.

A principios de 2022 el Episcopado encargó una auditoría complementaria al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para investigar los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española. En febrero de este año ya habían hablado con el 90% de las diócesis y habían recabado el testimonio de 150 víctimas. Contaban con concluir la investigación en la primavera de 2023, pero las conclusiones tendrán que esperar a después del verano ante la cantidad de información que siguen recabando, como explicaron en una nota de prensa.

Ahora, con este nuevo informe, la Iglesia ya maneja información suficiente como para empezar a medir la magnitud de los abusos sexuales, pero ¿qué va a hacer con él? “Estas cifras señalan que hay un problema y que las leyes civiles son insuficientes: ha habido más de 700 agresores [los que reconoce la Iglesia], pero no ha habido más de 700 condenas judiciales en España. Son unos niveles de impunidad elevadísimos y hay que plantearse qué ha fallado en la legislación civil”, denuncia Hurtado.

Además, las víctimas también se encuentran con otras lagunas legales durante todo el proceso. “A veces, hay un tiempo muy elevado entre que suceden los abusos y las víctimas son capaces de denunciar, pero en ese momento ya suele estar todo prescrito, tanto en la vía penal como en la civil. Hay que apostar por la imprescriptibilidad de estos delitos porque las víctimas no denuncian cuando quieren, denuncian cuando pueden”, apunta Hurtado.

Más allá del informe: el papel de la Iglesia en la gestión de los casos de abusos sexuales
La Conferencia Episcopal insiste en que, con este documento, “reconoce el daño causado” y pretende que la Iglesia sirva de acogida para “ayudar y escuchar a todas las víctimas”. Pero los afectados por estas agresiones sexuales creen que no siempre ha tenido esta voluntad.

“Siempre ha intentado gestionar internamente el problema de la pederastia, lo ha visto como un pecado y no como un delito, que se soluciona desplazando a los agresores de sitio o imponiendo sanciones espirituales, pero lo que han demostrado los hechos es que la Iglesia no se puede investigar a sí misma; son delitos que deben ser afrontados por las instituciones civiles”, asegura Hurtado.

“La Iglesia española ha sido de las más rebeldes de toda Europa y ha hecho caso omiso a las recomendaciones del papa Francisco, no ha querido asumir la responsabilidad de los hechos acontecidos hasta ahora, lo han ocultado y han facilitado los traslados de los pederastas a otros colegios u otras parroquias cuando recibían una denuncia”, añade Zudaire. (Información Newtral.es)