No siempre hay convergencia de opiniones en la extensa, plural y diversa Iglesia católica mexicana; y, sin embargo, en esta ocasión hay una coincidencia absoluta respecto al posicionamiento que las instituciones eclesiales han tomado en las últimas décadas en materia de construcción de paz y de denuncia de la corrupción, cultura de muerte y violencia en México.

Varios obispos y superiores de congregaciones religiosas coinciden en que la Iglesia católica mexicana ha expresado frecuentemente sus preocupaciones a las diferentes autoridades civiles por los errores, faltas de juicio o franca connivencia del poder político con la corrupción y con sectores del crimen organizado. 

En efecto, desde el año 2000 ha habido mensajes audaces, respetuosos y diplomáticos que la Iglesia en México ha dirigido al poder político y a la sociedad en general donde se denuncian actos o modos de vivir que afectan el bien común, la justicia, la democracia y la seguridad. 

Por ejemplo, en la Carta Pastoral ‘Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos’ del año 2000, los obispos denunciaron sin tapujos la existencia de “estructuras antidemocráticas y fraudulentas, obsoletas e injustas, deterioradas por la corrupción” y alertaron incluso la “posibilidad de una regresión autoritaria”.

Los pastores católicos criticaron “la impunidad y el autoritarismo” y “los privilegios de unos cuantos” durante los últimos meses de la administración de Ernesto Zedillo. Ya en el sexenio de Vicente Fox, los obispos confirmaron que persistía “la inseguridad, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza extrema… el racismo, la marginación y violencia contra la mujer; [los] cacicazgos…”.

Tras la última visita del papa Juan Pablo II, los obispos se metieron de lleno en la crisis política de la administración foxista y señalaron en su mensaje ‘Participación solidaria para afianzar la transición democrática’ que en México había “quienes están decididos a frenar la marcha del país y a dejar la puerta abierta a la riesgosa aventura de la anarquía”.

En el sexenio de Calderón, la Iglesia mexicana también declaró graves preocupaciones por la conducción del país: “Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades… Esto tiene como efecto la impunidad… Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad”.

En el documento ‘Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna’ de 2010, la Iglesia advertía al gobierno que no tenía derecho “a ceder porciones del territorio nacional a grupos criminales” e hizo llamados para “superar definitivamente la anticultura del fraude”; a Calderón, los obispos le manifestaron la preocupación de la ciudadanía por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado pues “provoca incertidumbre en la población”, pidieron adecuaciones a la ‘estrategia’ del combate al crimen organizado y exigieron al gobierno que atendiera el problema de la seguridad como un asunto de ‘salud pública’.

Fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando muchas organizaciones de la Iglesia católica no sólo fueron críticos frente a la estrategia de seguridad priísta sino incluso marcharon junto a diversos sectores sociales víctimas de un modelo que acallaba a la prensa y escondía bajo oropeles de mercadotecnia la crisis de violencia en el país.

Destacan las fuertes denuncias del finado obispo de Apatzingán, Miguel Patiño: “El Ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque en lugar de perseguir a los criminales agreden a las personas que se defienden de ellos”. No fue el único, voces semejantes se escucharon desde otros rincones del país.

También, tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el episcopado mexicano lanzó su primer ‘¡Basta ya!’ de violencia, inseguridad y corrupción en el país en 2014: “Muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y, en algunos casos, la lamentable corrupción de las autoridades”. En aquel mensaje, los obispos lamentaron que la inseguridad en el país no sólo había empeorado sino que había llegado a una verdadera crisis nacional.

La Iglesia católica no sólo ha manifestado con palabras su preocupación por los errores o las corrupciones en la conducción del país; también ha dado pasos concretos a favor de la reconstrucción del tejido social, de la asistencia de las víctimas de las violencias y de la formación de ciudadanía participativa y corresponsable con la paz y el bien común.

Hay muchos centros de atención a víctimas y organismos de promoción y justicia social de inspiración cristiana. Los centros de asistencia humanitaria para poblaciones desplazadas, migrantes, perseguidas y empobrecidas son siempre oásis en los áridos páramos de localidades sin ley y sujetos al crimen o a la corrupción. 

En esta ocasión, las palabras del presidente López Obrador contra los liderazgos católicos (contra la población creyente en realidad) son un grave error; llamar ‘hipócritas’ a quienes han auxiliado a cientos de desplazados y afectados por políticas ineficientes de seguridad en los últimos sexenios es jugar con fuego.

Y, sin embargo, los obispos y las congregaciones religiosas estarán ‘ofreciendo la otra mejilla’. No es que preparen una ‘cachetada con guante blanco’ sino que, en el mejor ánimo de seguir contribuyendo a la paz darán un paso adelante para fortalecer la obra social que lucha por la justicia, la paz y la reconciliación. Veremos.