Montevideo, Uruguay.- En el interés de sanar "una herida que sigue abierta en el corazón de nuestro pueblo", la Iglesia católica uruguaya reafirmó su compromiso de colaborar en el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas durante la dictadura militar de Bordaberry entre los años 1973 y 1985.

Los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay se pusieron a disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad como canal de recepción de información sobre personas detenidas y desaparecidas; por ello, a través de obispos y sacerdotes, la Iglesia católica recibirá a aquellas personas que deseen brindar información acerca de los desaparecidos de la dictadura militar, guardando la confidencialidad de los informantes.

Los obispos, los defensores de los derechos humanos y los funcionarios de la fiscalía sostuvieron un encuentro institucional necesario después del hallazgo de nuevos restos óseos humanos en un predio militar de Uruguay, donde previamente fueron encontrados otras dos personas desaparecidas por las fuerzas del orden de la dictadura de Bordaberry. Los restos serán enviados a instancias de investigación antropológica para evaluar si pertenecieron a alguna persona también desaparecida durante la gestión de la extrema derecha cívico-militar promovida y patrocinada por los Estados Unidos.

De este modo, la Iglesia local podría recibir testimonios de personas que "pudieron haber sido testigos tangenciales de enterramientos"  y podrían facilitar información al respecto. Como es natural, las autoridades creen que muchos de los testigos aún tienen temor de hablar por lo que esta colaboración de la Iglesia católica resulta invaluable.

En conferencia de prensa, el cardenal arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, aseguró que este tipo de hallazgos, que toman visibilidad a través de los medios, "reaviva una sensibilidad que hace que haya personas que digan: Yo no me puedo ir a la tumba con esto, y me acerco y quiero hablar".

El arzobispo señaló que en el pasado la Iglesia ha colaborado en el proceso de justicia histórica: "Hubo datos que llegaban a las parroquias, que llegaban a mí, y yo los entregaba directamente a los familiares de desaparecidos a través de un familiar", recordó.

"Ahora, a partir de esta instancia de diálogo, resurgió la posibilidad de que las parroquias reciban algún dato de gente que quiera aportar y que, a través de los obispos, llegue a familiares o a la Comisión de Derechos Humanos", acotó.

Esta acción, aclaró el cardenal, no consiste en una confesión sino la narración anónima de eventos del pasado. Incluso hay quienes dejan alguna carta "recuerdo alguna con algún dibujo, que indicaba algún lugar... Yo creo que todavía hay temor en muchas personas", reconoció.