Washington DC, EU.- La administración de Donald Trump endureció su posición contra el régimen cubabo al ofrecer 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que no pasará por las estructuras gubernamentales cubanas. Marco Rubio, secretario de Estado, estableció que la Iglesia u otra organización caritativa de confianza de Washington será la encargada de repartir alimentos y medicinas en la isla.

El anuncio, reportado por el canciller cubano Bruno Rodríguez el 15 de mayo, coincide con una escalada de sanciones y amenazas de toma de control por parte de Estados Unidos.

Rubio pronunció su mensaje el 20 de mayo, fecha que el exilio cubano en Miami conmemora como el Día de la Independencia de Cuba, aunque el gobierno de La Habana la rechaza y la considera el inicio de una república tutelada por Washington.

“En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, dijo el secretario de Estado, en referencia a la crisis humanitaria y económica que enfrenta la nación.

La condición de que la ayuda sea canalizada a través de la Iglesia católica introduce un componente sociorreligioso de alto impacto. En Cuba, la institución eclesiástica ha actuado históricamente como mediadora entre el gobierno y la oposición, con un rol reconocido en procesos de diálogo y en la asistencia a sectores vulnerables.

Sin embargo, la imposición de un filtro eclesial para la distribución de 100 millones de dólares coloca a la Iglesia en una posición delicada: podría ser vista como un brazo operativo de la política exterior estadounidense o como una garantía de transparencia frente a un régimen al que Washington acusa de corrupción.

Rubio insistió en que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país saquearon miles de millones de dólares”.

El secretario de Estado acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Castro, de enriquecerse mientras la población enfrenta carencias. También advirtió que, cuando terminó el subsidio petrolero de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar cubana compró combustible para uso particular mientras pedía “sacrificios” a la población. Rubio evitó mencionar la orden ejecutiva de Trump que impide la llegada de crudo a la isla.

Una 'nueva Cuba' 

El secretario de Estado ofreció una visión de futuro sin el control de Gaesa: “El presidente Trump ofrece una nueva vía de relaciones entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante”, dijo Rubio al mencionar como ejemplo a Jamaica, República Dominicana y Bahamas. Según resaltó, “actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

Como se esperaba, el anuncio de ayuda humanitaria condicionada a la Iglesia no ha sido aceptado públicamente por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La Habana mantiene su rechazo a cualquier asistencia que no sea canalizada a través del Estado, al considerar que viola su soberanía. El canciller Bruno Rodríguez se limitó a dar a conocer la condición impuesta por Rubio, sin emitir una aceptación formal.

El mensaje de Rubio surge en medio de nuevas presiones de Washington contra La Habana. Trump ha amenazado con tomar el control de la isla “de una manera u otra”, y el Departamento de Justicia prepara una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Se espera que la acusación se presente este miércoles 20 de mayo, coincidiendo con la conmemoración en Miami.

Este paquete de medidas —ayuda humanitaria condicionada a la Iglesia, sanciones contra Gaesa, acusación judicial a Raúl Castro— configura una estrategia de presión total por parte de la administración Trump. La inclusión de la Iglesia católica como distribuidora exclusiva de los 100 millones de dólares busca, según analistas, legitimar la asistencia ante la comunidad internacional y evitar que los recursos sean desviados por el gobierno cubano.

Reacciones divididas 

En Miami, sectores del exilio cubano recibieron el anuncio con cautela. Mientras algunos aplauden la condición eclesial como una garantía de que la ayuda llegará a la población, otros consideran que 100 millones de dólares son insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

En la isla, la declaración de Rubio se difundió a través de redes sociales y medios independientes, aunque el gobierno cubano no ha permitido declaraciones oficiales de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba sobre su disposición a asumir la distribución.

La Iglesia católica en Cuba, encabezada por el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, mantiene una relación compleja con el Estado.

Durante la visita del papa Francisco a la isla en 2015, la Iglesia actuó como facilitadora del acercamiento entre Washington y La Habana. Ahora, la misma institución podría convertirse en el eje de una ayuda humanitaria que el gobierno cubano considera una injerencia.

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