San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- A través de un comunicado dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) y al resto de organismos electorales y de participación ciudadana de la entidad del sureste mexicano, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas cuestionó a los funcionarios electorales por la arbitrariedad de su juicio para autorizar o no elecciones extraordinarias en municipios de la entidad.

"A unas horas que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) determinara no realizar las elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó, por falta de condiciones al debido proceso y al conflicto de inseguridad que prevalece en el municipio, nos preguntamos: ¿Por qué el proceso de reposición electoral en el municipio de Chicomusuelo no fue suspendido teniendo peores condiciones de inseguridad y violencia en la región?", inquieren los católicos liderados por el obispo Rodrigo Aguilar.

La Iglesia católica comparte además la declaración de la presidenta consejera Vila Domínguez quien reconoció que en el municipio "ha habido un éxodo" de habitantes lo cual impide tener certeza del Padrón Electoral, del listado nominal y ni siquiera el número de habitantes de la localidad.

La elección extraordinaria se realizó finalmente en Chicomusuelo el domingo 25 de agosto después de que desfilaran grupos criminales presuntamente ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación; con un 99.56% de votos, el candidato Lisandro Borrallas Verdugo del Partido del Trabajo, se mantenía como el virtual ganador de la presidencia municipal al corte del informativo electoral local. Los otros cinco candidatos no habían recibido un solo voto según los registros del programa preliminar de resultados de 19 de 33 actas computadas.

La Diócesis de San Cristóbal adelantó que "la elección no será representativa por los habitantes del municipio" debido a que los altos niveles de violencia e inseguridad "condiciona a la población a votar según los intereses de los cárteles que se disputan el territorio y han ocasionado el desplazamiento forzado de los habitantes".

Finalmente, la Iglesia de San Cristóbal de las Casas demandó a las fuerzas de seguridad federales y estatales "a realizar el desarme y la detención de los grupos que hacen uso de armas de fuego exclusivos del Ejército Militar, tráfico de armas, detención y desaparición de personas, desplazamiento forzado, y ofrezcan garantías de vida, un retorno seguro y seguridad social, cultural y económica a la población". Firmaron la declaración el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro, la religiosa María Reyes, secretaria canciller; el sacerdote Miguel Ángel Montoya, vicario de Justicia y Paz; y la hermana Gloria Estela Murúa, coordinadora de la Pastoral Social diocesana.