Ciudad de México.— El crimen organizado en México ejecuta una estrategia de violencia específica contra sacerdotes católicos porque son "estabilizadores sociales" cuya eliminación facilita la imposición de la narcocultura, la narcoeconomía y la narcopolítica en comunidades vulnerables. Así lo refiere el sacerdote Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM) en entrevista para el canal Mexicanos en off, en un análisis basado en 15 años de investigación.

Sotelo Aguilar expone un modus operandi recurrente entre el crimen organizado en México contra religiosos y sacerdotes: "Lo primero es el hostigamiento y las amenazas", dice y refiere que se registran aproximadamente 850 amenazas de muerte contra sacerdotes, cifra que además puede estar limitada por la dificultad de recopilación.

El religioso también asegura que el crimen agrede mediante la tortura y los levantones a los ministros de culto antes de que se ejecute un asesinato cruel; para el investigador, muchas ejecuciones revelan niveles inusuales de ensañamiento y violencia. Y, finalmente los crimenes contra los sacerdotes conllevan difamación póstuma a través de campañas para criminalizar a las víctimas y justificar los crímenes.

Para Omar Sotelo, esta estrategia tiene un propósito para la cultura criminal: "Los sacerdotes son un estabilizador social... su labor pastoral trasciende lo espiritual: gestionan comedores comunitarios, apoyan migrantes, defienden derechos humanos y generan oportunidades económicas". Esta red de apoyo de los católicos liderados por sus pastores compite directamente con el control del crimen organizado.

Así, al asesinar a un sacerdote, señala Sotelo, "no se mata una persona, se aniquila toda una institución". 

Las consecuencias de los actos asesinos contra ministros de culto en comunidades mexicanas se enumeran en una mayor cultura del silencio y terror, que resulta indispensable para la impunidad criminal; en una imposición de normas del narcotráfico en amplios territorios (es decir, en el control sobre economía local y el reclutamiento forzado; y finalmente en estructuras de orden y poder que se configuran en verdaderos "narcogobiernos". El sacerdote afirma que, en varias localidades del país, el crimen "prácticamente es el que gobierna".

El CCM ha documentado más del 80% de impunidad en estos crímenes. Sotelo critica la "ineficacia de los sistemas de seguridad federales, estatales y municipales" y la tendencia inicial de autoridades a minimizar el problema, atribuyendo los asesinatos a "violencia generalizada" o defectos personales de las víctimas. De hecho, mencona que casos emblemáticos como el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 permanecen como "monumento a la impunidad".

Finalmente, el sacerdote considera que a partir de sus investigaciones no hay "ninguna información" que evidencie la colusión de los ministros de culto con el crimen; considera que el trabajo de los curas y religiosos en "tierra de narcos" les exige interacciones regulares por "supervivencia" tanto personal como de la comunidad, situaciones que pueden "malinterpretarse" pero que no evidencian una complicidad. 

Para el investigador, el principal problema en México es un hostigamiento criminal estratégico contra sacerdotes y comunidades católicas; pero no por una persecución de índole religiosa sino porque el país padece un alto riesgo en el ejercicio de varias vocaciones como el sacerdocio, el periodismo y la defensa de los derechos humanos.