Los Ángeles, California.- Por segunda ocasión en su historia, una nueva oleada de bancarrotas financieras está sacudiendo a la Iglesia católica en California, donde seis diócesis han solicitado protección por insolvencia tras la avalancha de demandas por abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Esta situación es resultado directo de la legislación que permite a las víctimas buscar compensaciones en los tribunales civiles.

La raíz de esta crisis se encuentra en la Ley de Víctimas Infantiles (Child Victims Act), aprobada en 2019, que permitió a las víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos presentar demandas civiles sin restricciones por el plazo de prescripción. En California, esta ley fue complementada por la Asamblea con la aprobación del Proyecto de Ley 218 (AB 218) en 2018, que levantó por tres años el plazo de prescripción para los litigios por abuso sexual infantil, permitiendo a los sobrevivientes presentar demandas sin importar cuándo ocurrió el abuso. Este periodo de gracia concluyó el 31 de diciembre de 2022.

Desde la implementación de la Ley AB 218, más de tres mil casos han sido presentados, desencadenando una nueva ola de bancarrotas en la Iglesia católica de California. Esta situación no es una simple repetición de la crisis de abuso sexual clerical que alcanzó su punto álgido a principios de los 2000, sino que refleja una comprensión más profunda de las consecuencias del abuso sexual y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas.

La diócesis de Fresno, una de las afectadas, explicó: "La aprobación de la AB 218 permitió a los sobrevivientes presentar demandas que de otro modo hubieran sido bloqueadas por el plazo de prescripción, lo que nos ha llevado a esta situación financiera crítica."

El Cardenal Robert W. McElroy, obispo de San Diego, ha pedido calma y ha subrayado que las diócesis están comprometidas a cumplir con las demandas de las víctimas. Sin embargo, las críticas han sido fuertes. Muchos ven la declaración de bancarrota no solo como una medida financiera, sino también como una forma de evitar una mayor responsabilidad legal y moral.

La crisis en California, no es aislada, refleja una tendencia global. En países como Chile y México, se han aprobado reformas para eliminar el plazo de prescripción en casos de abuso sexual infantil, aunque estas reformas son más limitadas en comparación con las de California y Nueva York. En estos estados de EE.UU., la eliminación del plazo de prescripción ha permitido a las víctimas presentar demandas en tribunales civiles, lo que ha facilitado el proceso judicial al requerir un menor estándar de prueba que en los tribunales penales.

El impacto de estos escándalos de abuso sexual ha sido devastador para la Iglesia Católica en Estados Unidos. Un estudio del Public Religion Research Institute en 2022 reveló que el 39% de los antiguos miembros de la Iglesia Católica citaron los escándalos como la razón principal para abandonar la iglesia. Este efecto es aún más pronunciado en las regiones donde la Iglesia Católica tiene una presencia significativa, como California.

A pesar de las protecciones de bancarrota, la crisis de abuso sexual clerical en la Iglesia Católica está lejos de resolverse. Las demandas y la presión social continuarán forzando a la Iglesia a enfrentar sus responsabilidades y a buscar formas efectivas de reparación para las víctimas. La situación actual subraya la necesidad de reformas profundas y un compromiso renovado con la justicia y la transparencia dentro de la institución.

La nueva ola de quiebras en la Iglesia Católica de California no solo es un reflejo de la acumulación de demandas por abusos sexuales, sino también de un cambio fundamental en la percepción y respuesta a estos crímenes. La Iglesia se enfrenta a una crisis de confianza y a una responsabilidad ineludible de garantizar que las víctimas reciban justicia y que se tomen medidas para prevenir futuros abusos.