Ciudad de México.- Las organizaciones Spes Viva y Bishop Accountability (con sede en Monterrey y Boston, respectivamente) acusaron ante los medios a trece obispos mexicanos de actos de “encubrimiento y hasta complicidad” en casos de sacerdotes señalados como presuntos culpables de abuso sexual.

La activista fundadora de Spes Viva y excandidata al senado de México, Cristina Sada Salinas, adelantó que se decidió señalar a doce obispos puesto que “desde su alta investidura eclesiástica han protegido a quienes abusan de niños, niñas y adolescentes permitiendo que este mal se extienda y perpetúe”.

Por su parte, Anne Barrett Doyle, co-directora de Bishop Accountability, aseguró que la lista de trece obispos presentada “es sólo un inicio [porque] tenemos identificados otros líderes de la Iglesia que parecen haber encubierto a abusadores y desoído a las víctimas. Sacaremos una lista más extensa en los próximos meses”.

El estimado de Anne Barret se sustenta en la declaración anónima de “al menos tres funcionarios de alto rango de la Iglesia que dijeron a Crux que en México, el 50 por ciento del episcopado local es culpable de al menos mal manejo de las acusaciones, si no de encubrimiento criminal real”. Dichas declaraciones -apunta la reportera del medio Crux- fueron recogidas en el contexto del Congreso Latinoamericano sobre la Prevención del Abuso de Menores en la Universidad Pontificia de México, organizado por el Centro de Protección de Menores (CEPROME) en noviembre del 2019.

En una precisión, Barrett Doyle confesó que la lista de trece obispos presentada por Spes Viva y Bishop Accountability no corresponde necesariamente a los doce casos de investigación en tribunales eclesiásticos que declaró al final de su servicio en México, Franco Coppola, nuncio apostólico entre 2016 y 2021.

Los obispos señalados por estas organizaciones son: Los cardenales y arzobispos eméritos, Norberto Rivera Carrera (México) y Juan Sandoval Íñiguez (Guadalajara); los arzobispos eméritos José Luis Chávez Botello (Oaxaca), Luis Morales Reyes (SLP), Carlos Cabrero Romo (SLP), José Martín Rábago (León) y Felipe Aguirre (Acapulco); el arzobispo Fabio Martínez (Tuxtla Gutiérrez) y los obispos en funciones Enrique Díaz (Irapuato), Jonás Guerrero (Culiacán), Alonso Garza (Piedras Negras), José Guadalupe Torres (Ciudad Juárez) y Javier Navarro (Zamora).

Las organizaciones acusan a estos obispos de no haber atendido a las víctimas; de chantajear, desoír y hasta de intentar sobornar a víctimas y familiares para evitar que se hiciera justicia contra un presunto abusador; en algunos casos, se acusa a los obispos de trasladar, proteger y encubrir a sacerdotes que tenían acusaciones, denuncias, procesos, sentencias o incluso exculpaciones de haber cometido crímenes contra menores o personas vulnerables.

Barrett Doyle también confesó que los señalamientos a los jerarcas mexicanos se basan en testimoniales y en notas periodísticas puesto que las autoridades eclesiásticas no han abierto los archivos de los procesos formales. Por su parte, el activista Alberto Athié -exsacerdote mexicano- aseguró que tampoco las autoridades civiles ni las comunidades apoyan en el esclarecimiento de estos casos: “No es sólo un caso jurídico sino cultural”, acusó.

"Normalmente, los nombres de los abusadores y los registros secretos de abuso en la Iglesia se hacen públicos sólo después de presiones externas como demandas civiles, investigaciones seculares e indagaciones gubernamentales. Pero en México parece haber muy poco de eso", afirmó Barrett.

A pregunta expresa sobre lo que la ciudadanía puede hacer frente a casos de abuso sexual, Barrett Doyle fue tajante: “No vayan a reportar a la Iglesia porque se da la oportunidad [a los obispos] para persuadir al silencio, a acallar con dinero, esto sólo se puede resolver mediante las autoridades legales y civiles. No vayan a la Iglesia, vayan y confíen en periodistas profesionales”.