Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su "profunda preocupación ante la reforma judicial en curso", señalando que esta situación técnica de la política mexicana "agudiza una polarización sin precedentes" en torno al marco legal y la armonía entre los diferentes poderes del país.
Mensaje con motivo de la controversia de la Reforma Judicial
En un pronunciamiento oficial, los obispos del Consejo Permanente de la CEM instaron al Poder Legislativo a llevar a cabo una discusión más amplia y detallada sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
El episcopado pidió a los congresistas mirar el conflicto desde el principio de subsidiariedad cristiana, el cual "promueve la participación de todos los actores sociales en decisiones que afectan a la comunidad". En este contexto, enfatizaron la necesidad de considerar a todas las fuerzas políticas representadas; escuchar a especialistas en derecho constitucional; incluir las voces de la sociedad civil organizada; respetar el principio de participación democrática; y preservar el bien común por encima de intereses particulares.
El colegio de obispos reflexionan sobre el conflicto político que se vive respecto a las cualidades que debe tener el Estado de Derecho mexicano tras la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión más las dos terceras partes de los Congresos Locales; y apuntan que su dimensión no solo representa una necesidad política por dirimir, sino también una exigencia ética fundamental que deriva de la dignidad humana y del bien común.
Por ello, en su mensaje, los obispos apelan a los principios de la doctrina social de la Iglesia, los cuales promueven la idea de que la autoridad debe ejercerse como un servicio al bien común; también, que el poder tiene límites morales y legales.
En su pronuniamiento, los obispos recordaron que la participación ciudadana es tanto un derecho como un deber y que la solidaridad es esencial para la paz social.
Finalmente, la CEM hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a recuperar el diálogo constructivo como una herramienta esencial, fortalecer las instituciones democráticas, y trabajar por la justicia social y el desarrollo integral, siempre protegiendo la dignidad de cada persona.
De lo contrario, advierten, que la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar graves consecuencias para la convivencia social y el orden institucional; mismo que compromete la confianza en el país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho.
