Taskent, Uzbekistán.- El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, firmó el pasado viernes la ley 'Sobre el diseño de la política estatal para garantizar la libertad de conciencia y la profesión religiosa de los ciudadanos', un marco legal que busca equilibrar la lucha contra el extremismo con la protección de los derechos religiosos en este país mayoritariamente musulmán de Asia Central.
La normativa, aprobada por el Parlamento en febrero, refuerza los principios constitucionales de un Estado laico mientras promueve el diálogo interconfesional y la cohesión social. La ley fue respaldada por ambas cámaras del parlamento y establece mecanismos para contrarrestar la radicalización religiosa, incluyendo programas de rehabilitación social para personas expuestas a ideologías extremistas.
Asimismo, intensifica la vigilancia contra la difusión de 'doctrinas destructivas' en medios y plataformas digitales.
Uzbekistán, que alberga a 2 mil 300 asociaciones religiosas de 16 confesiones —entre ellas comunidades cristianas, judías y budistas—; esta diversidad se refleja en su sistema educativo, con enseñanza en siete idiomas, y en medios de comunicación que operan en hasta 14 lenguas. Según el texto legal, el objetivo es "garantizar la concordia entre religiones como base para la paz y estabilidad futuras".
Durante el proceso legislativo, líderes religiosos de todas las confesiones participaron en debates parlamentarios, respaldando la ley como un "escudo contra interpretaciones radicales de la laicidad".
El preámbulo subraya el derecho constitucional a profesar cualquier religión o ninguna, mientras se fomenta una cultura de tolerancia y solidaridad étnica. Un pilar clave es el Consejo de Asuntos Religiosos, integrado por representantes de todas las confesiones, que colabora en el diseño de políticas públicas. Este órgano promoverá proyectos académicos para analizar fenómenos religiosos y formará a líderes comunitarios en prevención del extremismo.
El Estado financiará conferencias, talleres y programas mediáticos para difundir los principios de la ley, con fondos destinados a investigaciones sobre temáticas religiosas. No obstante, la normativa también exige que las confesiones supervisen sus propias actividades para evitar "iniciativas inadecuadas o no autorizadas", en coordinación con autoridades estatales.
Aunque el gobierno insiste en que la ley será perfeccionada mediante consultas públicas, organizaciones internacionales han pedido vigilancia para garantizar que no se utilice como herramienta de represión. Uzbekistán, que en décadas anteriores enfrentó críticas por persecución religiosa, busca ahora posicionarse como modelo de equilibrio entre seguridad y derechos en una región marcada por tensiones étnicas y religiosas.
La implementación de esta ley será monitoreada de cerca, tanto por la sociedad uzbeka como por observadores globales, en un contexto donde la libertad religiosa y la estabilidad política siguen siendo desafíos interconectados.
