San Salvador, El Salvador.- Los obispos de la Iglesia católica en El Salvador condenaron enérgicamente el acuerdo alcanzado por el presidente local, Nayib Bukele, con su homólogo norteamericano, Donald J. Trump, para que el país centroamericano construya más cárceles para personas que los Estados Unidos considera delincuentes e incluso a migrantes.
La Iglesia manifestó su preocupación porque El Salvador responda a los intereses norteamericanos para encarcelar a personas de otros países que le resulten incómodas; hasta el momento, Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.
Por ello, en nombre de la Iglesia slavadoreña el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió al presidente Bukele que no convierta a la nación "en una gran cárcel internacional", sobre el envío desde Estados Unidos a El Salvador de migrantes, en su mayoría venezolanos, que están detenidos en la
Donald J. Trump y Nayib Bukele llegaron a un acuerdo para poder enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el Cecot, el centro sobre el cual recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.
“Nos preocupa también el hecho que El Salvador reciba presos de otros países, ya sea porque han cometido grandes crímenes o por ser migrantes indocumentados”, manifestó Escobar Alas en una conferencia de prensa hoy.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que Estados Unidos tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
El Gobierno de Estados Unidos intenta expulsar a más migrantes venezolanos a El Salvador, según denunció el viernes la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), que presentó varios recursos de emergencia -que incluso se dirigieron al Supremo estadounidense- para impedir el traslado de los suramericanos.
