Bogotá, Colombia.- La Iglesia católica en Colombia está conminada oficialmente a revelar datos e información de sus archivos sobre los casos de pederastia y abuso cometidos por clérigos tras un fallo sin precedentes de la Corte Constitucional del país.

La decisión del poder judicial colombiano para que la Iglesia desclasifique toda la información sobre casos de abuso sexual cometidos por sus miembros y ocultados por obispos y superiores antes de las regulaciones pontificias impuestas en la 'tolerancia cero' hace una década es parte de la reparación y satisfacción de búsqueda de verdad de las víctimas de estos crímenes.

La Corte Constitucional resolvió por voto unánime en plenaria a favor de 50 tutelas acumuladas –incluidas las de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán– que demandaban transparencia en investigaciones sobre abusos sexuales a menores.

En 47 páginas de sentencia, el alto tribunal zanjó el debate sobre el privilegio institucional y dio su veredicto: "El derecho a la verdad no admite barreras eclesiásticas".

"No toda la información administrada por iglesias es reservada por su origen", estableció la Corte, añadiendo que el manejo de datos de clérigos "no justifica restringir desproporcionadamente derechos fundamentales".

El fallo enfatiza que se debe garantizar acceso a registros de sacerdotes con "labores pastorales o de relacionamiento con la sociedad", especialmente cuando existen "presuntas conductas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes". Para los periodistas ganadores, esto sella una batalla legal de años:

"¡Ganamos! La Corte resolvió más de 120 tutelas que pedían al @episcopadocol entregar información secreta", celebró Barrientos en X.

El pronunciamiento judicial llega tras revelaciones estremecedoras. En 2024, el sacerdote Francisco de Roux (expresidente de la Comisión de la Verdad) pidió perdón por encubrir al fallecido Darío Chavarriaga, acusado de abusar de Fernando Llano Narváez y sus siete hermanas en el Colegio jesuita de San Bartolomé (Bogotá, 1976).

"Hoy hubiese llevado el caso a la Fiscalía", admitió De Roux, actualmente investigado penalmente.

Como reveló Estupiñán en redes, tres denuncias llegaron a los jesuitas entre 2008-2014 sin acciones concretas: "Los @JesuitasCol deben esclarecer el trámite de cada caso", exigió el periodista.

La orden judicial evoca el escándalo de junio de 2020, cuando la Arquidiócesis de Villavicencio suspendió a más de 10 sacerdotes tras denuncias de un adulto sobre "hechos contra la moral sexual". Aunque la institución ofreció "colaborar con investigaciones", los procesos quedaron en opacidad.

La Corte definirá próximamente el plazo de entrega de documentos, pero el fallo ya activa mecanismos clave: Fin de la impunidad archivística: Obliga a entregar nombres de implicados, rutas de encubrimiento y medidas disciplinarias; responsabilidad internacional porque sienta precedente para países latinoamericanos donde un supuesto "secreto pontificio" ha blindado casos; presión a otras órdenes: Benedictinos, salesianos y franciscanos –con denuncias no resueltas– deberán transparentar sus procesos.

Mientras la Conferencia Episcopal no se pronuncia, analistas jurídicos subrayan que el fallo no criminaliza a la institución, pero sí la sitúa frente a su deuda histórica:

"Es una oportunidad para que demuestre que su opción por los pobres incluye a las víctimas de sus propios miembros", señaló Ana María Méndez, directora de Justicia para la Infancia.

La sentencia, que coincide con la fiesta de María Auxiliadora –patrona de Colombia–, marca un punto de inflexión: la justicia terrenal ha dicho que ningún dogma puede estar por encima del llanto de un niño.