Chetumal, Q. Roo.- Justo a la mitad de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el diputado quintanaroense y presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso estatal, Edgar Humberto Gasca Arcero, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones local para que se incluyera a 'la religión' como una actividad potencialmente adictiva.
El diputado planteó que dicha Ley (aprobada en 2012) "ha quedado corta en sus alcances" por sólo enfocarse en el tratamiento de adicciones como la drogadicción, el acoholismo y el tabaquismo "siendo que las adicciones no se limitan únicamente al consumo de productos químicos... habiendo conductas nocivas". Y para el legislador, el ejercicio de la religión de manera adictiva podría derivar en una "enfermedad psicoemocional o trastorno debilitante", en una adicción "que es uno de los mayores peligros para la sociedad y las familias mexicanas".
El catálogo propuesto por el legislador parte de dos tipos de adicciones: 'Adicciones de conducta' y 'Adicciones de ingestión'. En la primera categoría se encuentra la adicción al juego, al trabajo, a la religión, a las relaciones o al internet. En la segunda categoría se encuentran: adicción química (?), al alcohol, a la nicotina, a la marihuana, a sedantes hipnóticos, a las anfetaminas, éxtasis, heroina, opio, a la comida, adicción [sic] de bulimia y anorexia nerviosa.
Gasca apunta que las adicciones conductuales (donde religión o trabajo podrían derivar en problemas de salud pública) son "patrones desadaptados de comportamiento compulsivo de una conducta determinada y que repercute negativamente en las áreas psicológica, física, familiar o social de la persona y de su entorno" y pide que el gobierno "apoye las acciones en contra" de las mismas.
La iniciativa del diputado Gasca Arcero asegura que la práctica religiosa podría homologarse a nivel de adicción conductual junto a otros desórdenes excesivos como el juego (las apuestas), el sexo, las relaciones, el trabajo, el internet o la codependencia. Para ello, pidió a sus compañeros legisladores apoyar la iniciativa de reforma de los artículos 2 y 10 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Adicciones del Estado de Quintana Roo.
La propuesta también obligaría a las autoridades del estado del caribe mexicano a promover acciones contra "cualquier actividad, conducta o relación que dañe la salud del individuo" e "informar a la sociedad acerca de la afectación biopsicosocial y los daños irreparables a nivel cerebral a consecuencia de las mismas".
La iniciativa no ha avanzado en el Congreso desde el 8 de mayo cuando fue presentada.
